CONTRA EL "MANDATO
DE HAMBRE", ¡A LA CARGA!
Camaradas:
El 14 de
septiembre de 1974, a los 38 días de haber
prestado juramento como presidente de
Colombia ante un Congreso abrumadoramente
dócil a su voluntad, Alfonso López Michelsen
convocó la "comisión tripartita", cuya
supuesta función consistía en propiciar el
entendimiento de tres demarcados sectores
económicos de la actual sociedad colombiana,
a saber, el Estado, las agremiaciones de las
clases poseedoras y las directivas gremiales
de los trabajadores sindicalizados. El
objetivo de la reunión fue profusamente
divulgado con anticipación por la propaganda
oficial: se trataba de alcanzar el “consenso
nacional" en torno al enrutamiento general
de la política económica de la nueva
administración. En esa forma el vencedor del
21 de abril daba crédito a su muletilla
electoral de que el país sería conducido
conforme a una política de "ingresos y
salarios”, o sea, mediante la "economía
concertada" de los tres sectores
mencionados. En la reunión, sin embargo,
únicamente se escuchó una voz, la del
presidente, quien reiteró: "El cambio de
la sociedad colombiana, que hemos
prometido, queremos adelantarlo en medio
de la calma política y del consenso” [1].
Los gremios patronales en verdad no tenían
necesidad de hablar, ya que sus opiniones e
intereses se hallaban en lo fundamental
interpretados en las propuestas de su
principal personero político, el señor López
Michelsen. Además, su inclinación natural ha
sido por sobre todo la de darle a éste un
voto de confianza y esperar, medio
incrédulos y medio maravillados, cómo se
logra aquello de continuar la obra del
régimen bipartidista en santa paz social y
con el concurso de todas las clases y
estamentos, tanto de los favorecidos como de
los estrujados. Para el otro sector, el de
los voceros de las centrales obreras, la
situación era a otro precio. Les resultaba
incómodo quedar cual simples invitados de
piedra, sin musitar palabra y aprobando una
estrategia que, aunque alentaba determinadas
ilusiones, sus consecuencias prácticas y sus
perspectivas finales no aparecían tan
"claras" como reza la consigna del mandato
lopista. Si acaso a las camarillas amarillas
de UTC y CTC les importó menos el que se les
escuchara o no en un evento de tal
ocurrencia, pues su razón de ser fue siempre
la de respaldar abierta o solapadamente las
políticas de las clases dominantes, a los
representantes del Comité Ejecutivo de la
CSTC, que dos semanas atrás habían recibido
de parte del nuevo gobierno la personería
jurídica, a la cual la Confederación tenía
legítimo derecho desde hacía diez años, y
que venían enarbolando en el campo sindical
los lineamientos unitarios del movimiento
obrero, sólo una burla inaudita podría
parecerles el hecho de haber sido convidados
a oír una larga perorata sobre las
dificultades económicas heredadas por el
señor López, y de remate, debido a la
imposibilidad de fijar en iguales
condiciones sus puntos de vista, quedaran
ante vastas porciones de la opinión pública,
merced al juego publicitario de la gran
prensa, auspiciando las concepciones
particulares del jefe del Estado sobre los
graves problemas de la nación. Los
directivos de la CSTC dejaron una constancia
al respecto.
No obstante,
el gobierno había alcanzado el objetivo
apetecido, dar el golpe propagandístico de
congregar en una de las salas del Palacio de
San Carlos a lo más granado de los gremios
del estamento patronal y a los dirigentes de
las tres centrales sindicales reconocidas
entonces, y ante este auditorio monologar
acerca de porqué no sería viable en los
tramos iniciales de su gestión desarrollar
la tan trillada política de "ingresos y
salarios", la misma política con la cual el
señor López movilizó al electorado liberal y
derrotó al candidato conservador, doblándolo
en votos. En el Comando Nacional de la UNO
se discutió la inconveniencia de recomendar
la participación en la "comisión
tripartita". El MOIR advirtió tajantemente
que las fuerzas sindicales que aceptaran la
invitación a dicha reunión caerían en una
celada no sólo por falta absoluta de
garantías para debatir las apreciaciones del
movimiento obrero, sino que la filosofía
misma de la "economía concertada" o del
"consenso nacional" reclamado por el
gobierno presuponía, como única opción, el
apoyo incondicional a las orientaciones
antipatrióticas, antidemocráticas y
antipopulares del régimen
liberal-conservador proimperialista que
encontraba en López al más fiel y desvelado
continuador. El Partido Comunista terció a
favor de la asistencia y unilateralmente
abogó porque se aceptase la convocatoria
presidencial. En su tiempo esta fue la
primera contradicción de fondo alrededor de
la CSTC entre las dos líneas, la del MOIR y
la del Partido Comunista, después de que
éstos coincidieron en aunar esfuerzos por la
unidad de sindicalismo independiente. En
parte, el enfrentamiento quedó zanjado con
la constancia aludida y con la posterior
decisión del Ejecutivo de la CSTC de
retirarse incluso de las sesiones del
Consejo Nacional de Salarios.
CAMBIO DE
PLANES
PERO
CONTINUISMO EN EL FONDO
Hemos
querido empezar este informe recordando las
interioridades de la llamada "comisión
tripartita", porque algunos se obstinan en
sostener que el gobierno de López comenzó
con un rumbo y unas perspectivas, si no muy
halagüeñas, por lo menos que movían a la
expectativa general. Pero frente a los
aplastantes y desastrosos resultados y para
salvar las apariencias de las frustradas
ilusiones, aquellas mismas personas agregan
que éste dio un brusco viraje, hacia la
derecha, un poco antes de cumplir su primer
año de ejercicio. Si hubo un timonazo de la
política oficial, habría que ubicarlo,
precisamente, en esa reunión del 14 de
septiembre de 1974, al mes largo de la toma
de posesión. El señor López Michelsen venía
hablando de su estratagema de "ingresos y
salarios", la cual, según su saber y
entender, se reducía a lograr un equilibrio
controlado entre las entradas de las clases
poseedoras y de las desposeídas. Esta
política presuponía la entelequia de un
entendimiento entre explotadores y
explotados, como el que había bregado a
poner en vigor el peronismo en Argentina,
una especie de "contrato social" por el que
magnates y asalariados restringían en
utópica amistad sus aspiraciones y
depositaban la aplicación de dicho acuerdo
en manos del Estado colombiano, apoyándose
en la función reguladora de éste sobre la
hacienda y la vida de los ciudadanos,
contemplada en la Constitución.
Desde luego,
para la clase obrera y para el resto de las
masas populares semejante compromiso sería
la firma de su propia perdición, significaba
colocar su suerte al arbitrio de sus
declarados enemigos, las clases detentadoras
del Poder, intermediarias de los pulpos
imperialistas y por ende traidoras al
interés de la nación. Tal contrato jamás lo
rubricaría el pueblo colombiano. Pero de lo
que se trata es de indicar que la nueva
administración, el día señalado para poner
en práctica la manoseada estratagema de
"ingresos y salarios", resolvió anunciar que
lo que correspondía hacer, antes que
cualquier cosa, era implantar rigurosamente
un "plan de estabilización". La
presidencia había cambiado de película. Su
actitud la justificaba López echándole el
agua sucia a su antecesor, hablando de las
obligaciones del Estado y del enorme déficit
fiscal, con el estruendo de un Colón que
descubre nuevos continentes. Sin embargo,
sus hallazgos se los sabían de memoria 24
millones de colombianos. Eso lo tenía sin
cuidado. Únicamente le interesaba sustentar
la orientación económica oficial, así de
ella se hubiese parlamentado poco o casi
nada en la campaña electoral. Pero como el
"mandato claro" da para todo, el continuador
pudo recordar cómo durante el debate
condicionó la política de "ingresos y
salarios" al grado de desarrollo de la
inflación, y en la "comisión tripartita"
repitió, en efecto, unas palabras suyas
pronunciadas en calidad de candidato
presidencial: "Lo que hubiera sido
viable hace tres años, como lo fue,
durante la Administración Lleras, una
política de ingresos y salarios, en
procura de la estabilización sólo podrá
cumplirse cuando la inflación haya sido
reducida a magnitudes manejables”.[2]
El "plan
de estabilización", confeccionado por
López Michelsen en el discurso del 14 de
septiembre, estaba dirigido, por una parte,
a demostrar la inconveniencia de ejercer un
control sobre los precios, y por la otra, a
cumplir una promesa hecha clandestinamente
al Fondo Monetario Internacional, la de
instaurar una reforma tributaria por los
trámites excepcionales de la emergencia
económica. El "plan de estabilización",
negando su mismo enunciado, arranca de una
premisa insólita: que el Estado se encuentra
imposibilitado para mantener la estabilidad
en los precios. El presidente se detuvo a
explicar que la economía no se puede manejar
con una vigilancia de precios, ya que ello
implicaría la paralización total de la
producción. Argumentó que las grandes
empresas sabotearían las medidas que al
respecto se adoptaran, bien bajando la
calidad de los artículos, acaparándolos,
promoviendo la exportación subrepticia,
cambiando de actividad económica, o
simplemente dejando de producir, como en el
caso del petróleo. El jefe del Estado, con
todo y sus tres millones de votos liberales,
se consideraba inhabilitado, ante un país
atónito, para evitar los desmanes del gran
capital. Ni siquiera garantizó, como se
supone sea su deber, el respeto a la
legislación que juró cumplir y hacer
cumplir. Su confesión de boca entrañaba
además una implícita autorización para que
los monopolizadores externos e internos de
las actividades fundamentales de la economía
colombiana entraran a saco sobre la
República inerme. Quedó entronizado el reino
de la anarquía organizada. Se promulgó la
ley de la selva por la cual el más fuerte se
come al chico. En esto el "presidente de la
esperanza" no era tampoco del todo un
innovador. Con su desparpajo imitaba a un
ministro conservador de ingrata memoria de
la administración Lleras Restrepo,
partidaria también de la "estabilización".
Este ministro solía sostener con singular
cinismo, junto al desconocimiento de las
justas peticiones de los trabajadores
abrumados por el aumento vertiginoso de los
precios, que el Ejecutivo no podía colocar
un policía detrás de cada artículo. He ahí
un retrato fidedigno del comportamiento
característico de los regímenes explotadores
que han oprimido a Colombia. Se declaran
incapaces de supervisar y encinturar a los
grandes especuladores, mas movilizan
batallones enteros a las puertas de los
sindicatos para ver de impedir las
conquistas de los asalariados por mejores
condiciones de vida y de trabajo. La
orientación económica del "mandato claro"
trazada por su máximo intérprete se puede
resumir en esta sentencia: control, férreo
control, sobre las clases populares y
libertinaje, absoluto libertinaje, para las
clases dominantes.
La reforma
tributaría también tiene su historia. En los
años anteriores las agencias prestamistas
norteamericanas, a través del Fondo
Monetario Internacional, habían presionado
la aprobación de un sistema impositivo duro,
que les permitiera salvaguardar y recoger
las millonarias ganancias de sus préstamos
usurarios. Hay quienes se preguntan qué
relación existe entre los gravámenes
estatuídos en el país y las utilidades de
los prestamistas extranjeros. La razón es
muy sencilla. El Estado ha sido por
antonomasia el garante de los créditos
internacionales y el canal preferencial del
pago de los intereses y amortizaciones de la
deuda contraída por la nación. Si el Estado
se mantiene en permanente déficit, lógico
que no cumpla puntualmente las obligaciones
con sus acreedores, lo cual intranquiliza a
los imperialistas. Por eso éstos a menudo
les tiran las orejas a los gobiernos títeres
y les inculcan la austeridad administrativa,
el hábito del ahorro, el espíritu de
sacrificio y el pago, sobre todo el pago
insensible, sin remordimientos de
conciencia, oportuno, en dólares, de cuanto
deben. Entre las recomendaciones no ha
faltado jamás la de la instauración de un
sistema fiscalista más enérgico. El
presidente Lleras Restrepo nombró durante su
cuatrienio una comisión encargada de
estudiar la revisión de la tributación
colombiana. Esta comisión fue integrada por
técnicos extranjeros y colaboradores
colombianos, y estuvo presidida por el
profesor de la Universidad de Harvard,
Richard A. Musgrave, quien le dio su nombre.
No obstante, ni la administración Lleras ni
la de Pastrana, que la sucedió, contaron con
la fuerza política, suficiente para
convertirla en norma legal y la reforma
Musgrave hubo de esperar su turno en los
archivos gubernamentales.
Con el tañir
de cuatro millones y medio de votos
liberales y conservadores del 21 de abril,
su hora había sonado. En consecuencia, nadie
más indicado que el "mandato claro" para
instaurarla. Y en aquella primera y única,
reunión "tripartita", el señor López
Michelsen decidió sacar de los escritorios
de sus antecesores la reforma Musgrave y
presentársela al país. El propósito
evidenciaba un giro intempestivo y notable
al programa que aquel había expuesto a sus
electores. Muchas personas en Colombia no
han olvidado todavía cómo se expresaba el
candidato liberal acerca del papel de una
eventual reforma tributaria en las
circunstancias en que le correspondería
gobernar. Sobre el tema señaló textualmente
lo siguiente: "En realidad, la
experiencia de los países desarrollados y
subdesarrollados es la de que, a menos que
se pusiera en práctica una confiscación
total, que sería ya el sistema socialista
o comunista, los impuestos, lejos de
remediar la desigualdad, tienden a
ahondarla (...). Con un
alza en el costo de la vida del 15% y una
inflación como la que estamos viviendo, la
mayor incidencia de los tributos recae
sobre los ingresos y salarios que no se
incrementan al mismo paso que las
ganancias de otros sectores. Pero, aun
cuando no existiera inflación, sería
igualmente cierto que quienes iniciaron
sus empresas y consiguieron amasar un
capital cuando los gravámenes eran menos
onerosos, llevan una ventaja sobre quienes
tienen que arrancar en la escala
empresarial pagando cargas tributarías y
cargas sociales más altas. Con el correr
del tiempo, el efecto de los impuestos,
como herramientas de redistribución de la
riqueza, ha sido el inverso de lo que nos
proponíamos. De ahí la necesidad de una
política de ingresos y salarios”.[3]
El caballito
de batalla lopista era "ingresos y
salarios": una especie de bálsamo
curalotodo, que el aspirante liberal a la
presidencia de la República vendía para
sanar las desigualdades ya creadas. Según
esta tesis, la modificación a los impuestos,
con inflación o sin ella, como acabamos de
leerlo, acarrearía el ahondamiento de esas
desigualdades. La metamorfosis en este
aspecto entre el candidato y el presidente
fue de blanco a negro. Desde aquel
septiembre la reforma tributaria no sólo no
ampliaría los abismos sociales, sino que
mejoraría "la condición del 50% de la
población menos favorecida por la fortuna”.[4] Así
se transmuta, sin brújula y sin norte, la
teoría económica y política de la reacción
oligárquica proimperialista. Su único dios
es la máxima ganancia, por el cual trafica
con todos los valores, disfrazando de verdad
a la mentira y viceversa, en cualquier
tiempo y lugar, cuando y donde lo demande el
afán obsesivo de enriquecimiento. En las
fuerzas revolucionarias colombianas las
inconsecuencias y exabruptos tan comunes y
corrientes en la palabrería de los más
connotados exponentes de las clases
antinacionales dominantes, no promueven la
elucubración en torno de los saltos
imaginativos hacia la derecha, o hacia la
"izquierda", del régimen imperante. Los
embaucadores del pueblo siempre llevan miel
en los labios y ponzoña en el corazón.
Durante el
debate electoral aclaramos insistentemente
que el señor López con sus "ingresos y
salarios" y el señor Gómez Hurtado con su
"desarrollismo", encarnaban dos
interpretaciones diferentes de la política
económica de la coalición
liberal-conservadora proimperialista. Ambas
versiones partían del prospecto que la
fementida prosperidad del país bajo tal
sistema se hallaba supeditada íntegramente a
los intereses y proyectos de los monopolios
extranjeros y por lo tanto, el uno como el
otro, acaudillaban con diferencias de matiz
y acentuamiento la línea continuista del
Frente Nacional. Y el inspirador del
"mandato claro" merece como el que más en la
historia reciente del país el mote de
continuador. Aunque suele renegar de sus
predecesores porque le legaron un fracaso en
lo administrativo, en lo fiscal y en lo
social, está predestinado a proseguir su
triste obra de entrega y sumisión. Los
aventajaba en una cosa: había ascendido a la
casa de gobierno con mas ruido, prestigio y
votos que quienes le antecedieron en el
mando. Se encontraba resuelto a jugarse lo
que él y sus admiradores califican de
"popularidad" y se la jugó. "Derrotismo -decía- sería
no afrontar una impopularidad transitoria
en aras de un porvenir mejor”.[5] Por
eso desenterró la reforma tributaria que ni
Lleras Restrepo ni Pastrana lograron
realizar. Y desafiantemente, ante un pueblo
que moría de hambre, bendijo el carnaval de
las alzas, embelleció el paraíso de la
usura, sancionó la ley del más fuerte. Y esa
impopularidad ha crecido y se incrementa sin
parar, hasta aterrorizar a los más confiados
y sorprender a los más incrédulos.
La clase
obrera colombiana rechazó indignada la
política que López Michelsen le esbozó al
país en la sesión de la "comisión
tripartita". Tras las palabras azucaradas de
redimir a "la población menos favorecida
por la fortuna", el proletariado
entrevió las reales intenciones de aumentar
los privilegios al capital imperialista y a
sus intermediarios, la gran burguesía y los
grandes terratenientes colombianos, mientras
al pueblo se le condena aún más a la
esclavitud, a la miseria y a la infelicidad.
Las masas trabajadoras se negaron
rotundamente a rubricar la patraña del
"contrato social" o del "consenso nacional",
que les planteaban la oligarquía vendepatria
y su régimen, así como desenmascararon
implacables el ofrecimiento presidencial de
que "si se van a imponer sacrificios,
que ellos recaigan por igual sobre todas
las clases”.[6] La experiencia
le enseña a las grandes mayorías cuántos
sinsabores y sufrimientos traen consigo esos
llamamientos que de cuando en vez los
mandatarios alternantes formulan para que
"ricos" y "pobres" contribuyan con su cuota
de desprendimiento en bien de la República.
En la jerigonza oficial se entiende el
reparto igualitario en la siguiente forma:
una porción, los beneficios, corresponden a
los imperialistas y sus sirvientes, y la
otra, exactamente proporcional, los
sacrificios, para el pueblo inculto,
gregario e insensible. Y si con esta manera
singular de impartir justicia muchos
terminan perjudicados se debe a su mala
fortuna. El "mandato claro" tampoco era
adverso a esa curiosa equidad. Al contrario,
aparecía más experto y refinado en el arte
de embaucar. Sus maquinaciones en un
principio sólo chocaron con el obstáculo de
los sectores más avanzados y patrióticos,
que apuntaban directamente a su esencia
continuista, pero bastaron unos pocos días,
unas cuantas propuestas en concreto, como
ésta de la "comisión tripartita", para que
el grueso, en primer término de los obreros
y luego progresivamente el de los
campesinos, estudiantes e intelectuales,
comprendiera que detrás de la cortina verbal
de la nueva administración, aguardaban en
orden de aparición, sellados y lacrados, los
decretos centuplicando las garantías a las
compañías extranjeras, a la banca, a los
latifundistas, a los monopolios en general.
La única esperanza de los oprimidos seguía
siendo, como siempre, la de perseverar en la
lucha por las reivindicaciones populares y
en especial por la unidad del pueblo, el
arma invencible para alcanzar su
emancipación y la independencia y soberanía
de la nación.
MEDIDAS DEL
GOBIERNO DE LOPEZ MICHELSEN
Apenas
transcurridos año y medio de vigencia del
actual régimen son perfectamente definibles
sus perfiles antinacionales y antipopulares.
A estas alturas del proceso, únicamente los
círculos dirigentes y los sectores más
recalcitrantes de los partidos de la Gran
Coalición oligárquica salen abiertamente en
su defensa y todavía se atreven a
presentarlo como una solución a los graves
problemas del país. La mayoría de las gentes
trabajadoras de la ciudad y el campo, que
por uno u otro motivo aguardó con el
advenimiento de la nueva administración
cambios positivos para sus males
centenarios, ha comenzado a salir o ya salió
por completo del engaño. Las corrientes
partidistas diferentes al liberalismo y al
conservatismo, las que se hicieron eco de
todas esas ilusiones, optaron al final por
endurecer su posición contra el gobierno y
acaso sí se preocupan por justificar su
conducta anterior con argumentos que la
práctica desmiente a cada paso. El MOIR y
demás organizaciones políticas que desde
diversos ángulos vienen coincidiendo en la
necesidad de arrancar cuanto antes la careta
demagógica al "mandato claro", han visto
compensado su esfuerzo con la acogida todos
los días más amplia que a sus luchas y
postulados brindan las masas populares. Es
indudable que la credibilidad en las
promesas oficiales está quebrantada, lo cual
simboliza una alteración importante en la
correlación de fuerzas entre la revolución y
la reacción. Estas variaciones en el
panorama político de Colombia acontecen
cuando falta todavía por vencerse más de la
mitad del cuatrienio de López Michelsen. En
todo ello han influido notablemente sus
medidas y actuaciones lesivas a la nación y
al pueblo. Intentemos un resumen de las
principales de aquellas medidas y
actuaciones.
1. Mayores
privilegios a las compañías imperialistas.
En este tortuoso terreno de dispensar
favores, prebendas y gracias ilimitadas al
capital extranjero, el gobierno se ha
distinguido por su mano generosa. Las
dádivas van desde garantizar la entrega
cabal de las viejas como de las nuevas
fuentes de recursos naturales, hasta
estructurar toda una política tendiente a
facilitar las inversiones de los monopolios
internacionales en todas las ramas
industriales, incluyendo la toma de aquellas
empresas que por sus dificultades económicas
no logran sobrevivir por su propia cuenta.
La lista de las medidas es muy larga y
varias de ellas se mantienen en secreto, no
obstante las constantes denuncias de los
sectores democráticos y patrióticos para que
se publiquen, como los contratos leoninos
con dos consorcios norteamericanos sobre la
explotación de las ricas minas de carbón, en
la Guajira, y de níquel en Córdoba. La
presidencia de la República en el primer
decreto expedido en virtud de las
atribuciones del estado de emergencia
económica, legisló exprofesamente para que
la Texas pudiera empezar los trabajos de
extracción de los yacimientos de gas
ubicados también en la Guajira y cuyas
reservas, según parece, son unas de las más
grandes de Suramérica. La legislación sobre
la explotación del gas en general fue
equiparada a la del petróleo, con el objeto
de que la compañía norteamericana no
estuviese obligada a la inspección ni al
reintegro de divisas provenientes de sus
ventas en el exterior, además de otras
prerrogativas igualmente aberrantes. Dentro
de este derroche de benevolencia con el
capital extranjero, el régimen petrolero fue
a su vez modificado. No sólo se mantuvo la
cláusula de "deducción por agotamiento",
mediante la cual los pulpos petroleros que
gozan en nuestro país del sistema de
concesiones logran reducir la mitad de su
renta gravable, a efecto de pagar tasas de
impuesto ridículas, sino que fue extendida
para los que venían disfrutando del nuevo
sistema de "asociación".
En sus
neocolonias el imperialismo norteamericano
impulsa, de un tiempo para acá, el sistema
de "asociación", de preferencia con el
sector económico estatal, porque se presta a
una explotación más aguda y sutil, conforme
a su naturaleza monopolística, y se acomoda
mejor a las nuevas condiciones políticas,
caracterizadas por el despertar nacionalista
de los pueblos subdesarrollados y oprimidos.
En esa forma, desapercibida a ratos, ha
incrementado su dominio sobre la economía de
estos países, poniendo en funcionamiento la
llamada "integración latinoamericana", con
acuerdos subregionales como el Pacto Andino.
Los grandes trusts imperialistas,
"asociados" a cualquiera de las repúblicas
del área, se lucran, como consecuencia de
las reglas integracionistas, de los mercados
de toda la región. El presidente de Colombia
es devoto ferviente de todas estas
modalidades de la penetración del capital
foráneo y las ha facilitado en grado sumo.
La tan publicitada "nacionalización" de la
banca extranjera, que acabó de llevar a
término el gobierno, cabe dentro del esquema
anterior. Los colombianos deberán comprar el
51 % de las acciones de aquellos bancos, por
un monto calculado superior a los 2.500
millones de pesos, cifra que ingresará a las
arcas de los financistas extranjeros, sin
que por ello éstos hayan menguado en nada su
poder de control no sólo sobre la banca y
demás corporaciones similares del país, sino
sobre la industria, la agricultura, el
comercio interior y exterior y el resto de
negocios fundamentales. Y por si lo anterior
fuera poco, el gobierno anunció que, como
punto cardinal a sus planes de
"descentralización industrial", otorgará
mercedes especiales a la inversión
extranjera que se destine a las ciudades
diferentes de Bogotá, Cali y Medellín, o a
estas ciudades cuando "dediquen el 50% o
más de su producción para la exportación y
que no serían rentables al localizarse
lejos de dichos centros industriales”.[7] Los
incentivos serán de todo tipo: crédito
favorable, infraestructura necesaria,
subsidios directos.
Colombia es
un reino celestial para los monopolios
imperialistas: de aquí pueden extraer y
llevarse los recursos naturales estratégicos
que descubran y necesiten, aquí encuentran a
la disposición un mercado para saturarlo con
sus mercancías y aquí disponen de una
extensa área de inversión para sus
capitales. Y lo que es más importante, un
gobierno dócil, con su pequeña corte de
negociantes, cuyo santo y seña es
"chambonear" y "chambonear" en contra del
pueblo y la nación.
2. Debilitamiento
del sector estatal de la economía. El
hecho mismo de que el Estado colombiano esté
por completo al servicio del capital
extranjero y sus intermediarios, determina
su permanente situación ruinosa, los déficit
crónicos, la falta de medios para atender
debidamente sus empresas, el incumplimiento
de las obligaciones con sus propios
trabajadores, lo deficiente de los servicios
públicos. Pero además de esto, el régimen
lopista ha propiciado el debilitamiento
acelerado del sector estatal de la economía
con medidas como la de eliminar la
protección arancelaria a las entidades
industriales y comerciales del Estado e
imponerles tributos, en algunos casos más
gravosos que los estipulados para las
empresas privadas. Muchos de esos
establecimientos públicos, de innegable
importancia, para el desarrollo del país, se
hallan por dicha causa en enormes
dificultades y, frente a las compañías
imperialistas colmadas de privilegios, que
les hacen competencia y les sustraen
recursos, su único futuro es la liquidación.
Ejemplo ilustrativo de ello ha sido la
Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol),
a la cual el gobierno, aprovechando la
reversión por tiempo cumplido de dos
concesiones a nombre de consorcios
petroleros extranjeros, le ordenó a finales
del año pasado correr con el pago de más de
600 millones de pesos, por concepto de
prestaciones sociales que tales consorcios
adeudaban a sus obreros. Otra disposición
económica del régimen lopista que encaja
perfectamente en el análisis que estamos
adelantando del detrimento del sector
público a favor del sector monopolista
privado, fue la de negarle al Estado la
prelación de coger las industrias en
bancarrota. Esta facultad se asignó a las
sociedades poderosas a través de un
subterfugio tributario por el cual las
pérdidas de las empresas quebradas podrán
ser deducidas en un plazo de cinco años a
las compañías que se hagan cargo de éstas.
Así los tentáculos del gran capital bajo la
batuta del imperialismo norteamericano, van
apropiándose casi gratuitamente de los
centros productivos que desafiaron su poder
y concentrando la riqueza en una escala
nunca vista en Colombia. Y el Estado como
gestor económico se convierte en un vulgar
instrumento para auspiciar la mortandad de
la producción nacional en esa guerra
sórdida, desigual, inclemente, de los
monopolios. Para justificar la hecatombe, el
señor López se ha declarado partidario de
una industria atrasada, liviana y de escasa
técnica, despreciando la meta para el país
de una producción pesada y moderna la cual,
según su tesis, le pertenece exclusivamente
y por predestinación á las repúblicas
imperialistas.
3. El
festival de la especulación y de la usura.
Como lo reconocen casi todos los sectores
políticos, incluyendo ciertas capas
dirigentes menos encumbradas de los partidos
tradicionales, el capital financiero
imperialista y su carnal, el colombiano, han
sido los hijos consentidos del "mandato
claro". Tal creencia se fundamenta en las
reformas oficiales emprendidas en este
campo. La más vieja y viva preocupación del
gobierno, que escuchamos de parte de su
principal funcionario desde antes de la
realización de los comicios, era la de la
consolidación de las UPAC, cuyos basamentos
jurídicos se sabían dudosos. Las Unidades de
Poder Adquisitivo Constante, como su nombre
lo indica, se valorizan con el ritmo de la
inflación y constituyen un mecanismo
especulativo perfeccionado para extorsionar
con la vivienda a los hogares de las clases
bajas. Quienes caen en su tela de araña
quedan a merced del agio y son exprimidos
por días, por años, por decenios, sin llegar
nunca a cancelar la deuda. Entre más paguen
más deben. Al señor López lo tenía sin
cuidado que este monstruo hubiese sido
creado y sea el timbre de orgullo de la
administración Pastrana Borrero, y no sólo
lo consolidó sino que lo tomó de inspiración
para su reforma financiera. En lugar de
suprimirlo se dijo: ya que se hallan en
desventaja frente a las UPAC, equiparemos
con éstas al resto de transacciones
financieras. Y procedió a elevar los
beneficios y las tasas de interés a un tope
real que llega y pasa a veces del 30 y 40
por ciento. Por otro lado, negoció con la
banca los pagarés de emergencia,
entregándole a ella en forma prácticamente
regalada una enorme ganancia. A las
compañías aseguradoras les redujo
magnánimamente las inversiones forzosas, a
fin de que pudiesen orientar la mayoría de
sus efectivos hacia las actividades más
atrayentes y lucrativas. Y en general
instauró el paraíso de la usura. El equipo
económico del gobierno defiende estas
medidas con el alegato de que estimulan el
ahorro legal y debilitan el mercado
extrabancario. Mas el resultado está a la
vista: la hegemonía absoluta de los grupos
financieros, que han captado sumas
astronómicas de pequeños y medianos
ahorradores, encarecido excesivamente el
crédito y sometido a su coyunda a la
industria, la agricultura y el comercio del
país. A lo que se agrega la devaluación
automática del peso y el consiguiente
encarecimiento de las importaciones de
maquinarias, repuestos y materias primas,
que estrangulan la actividad productora,
desatan el vendaval alcista de los precios y
envilecen el salario de los trabajadores.
Lejos de combatir el universo subterráneo
del denominado "mercado negro", el régimen
lopista lo sacó de su cloaca, le dio carta
de ciudadanía y lo puso a regentar la vida
material de los colombianos.
4. Impuestos
indirectos, discriminatorios y regresivos.
Atrás nos ocupamos algo del verdadero origen
y de la historia de la reforma tributaria,
la obra maestra, hasta ahora, de la
administración López Michelsen. Supimos, por
ejemplo, que se trataba de una de las
obligantes y acuciosas recomendaciones del
Fondo Monetario Internacional, que fue
herencia legítima del Frente Nacional y que
la confeccionó un grupo de expertos
norteamericanos. Indicamos también cómo su
objetivo eminentemente fiscalista estaba
dirigido a subsanar los déficit crónicos de
un Estado endeudado hasta la médula con las
agencias prestamistas internacionales.
Finalmente, denunciamos la maniobra de
enmascararla como una ayuda al "5O por
ciento más pobre". Pero lo que no
hemos dicho es de dónde provienen los miles
de millones de pesos recolectados por su
culpa. La reforma tributaría consta de dos
partes: las modificaciones a los gravámenes
sobre la renta y complementarios y el
aumento del impuesto a las ventas. De las
dos, el aporte sustancial lo suministra este
último. Los funcionarios del Ministerio de
Hacienda calculaban hace seis meses que a
consecuencia de la nueva tributación, el
renglón de rentas concurriría al fisco con
1.500 millones de pesos más. Sin embargo,
los mayores emolumentos percibidos por este
concepto terminaron siendo devueltos casi en
su totalidad, debido al "alivio tributario"
votado en el Congreso en las postrimerías de
1975. Así que como fuente de recursos, la
reforma tributaria encontró en el incremento
del impuesto a las ventas su veta preferida,
fenómeno que corresponde cabalmente a la
filosofía que en esta materia profesan el
imperialismo y sus lacayos. Para las clases
dominantes colombianas los impuestos ideales
sólo pueden ser los que recaen sobre los
artículos de primera necesidad, ya que los
sufraga el pueblo, sin saberlo,
indirectamente, en todas y cada una de las
compras que efectúa. Los productores siempre
trasladan a las masas trabajadoras los
tributos en cabeza de los bienes de consumo,
mediante la práctica inveterada, de elevar
los precios de las mercancías. Además de
encarecer la vida de la población de menores
ingresos, los impuestos indirectos se
convierten en talanqueras para la producción
y el comercio. Pero, precisamente por eso,
por el carácter antitécnico y las secuelas
retardatarias, regresivas y
discriminatorias, los imperialistas sienten
hacia ellos especial predilección y los
imponen a como dé lugar, a través de sus
intermediarios, en las legislaciones de sus
neocolonias.
No obstante,
éstos no son los únicos tópicos negativos de
la reforma tributaria. Si analizamos
cualquiera de sus otros cambios nos
tropezaremos con la marca típicamente
reaccionaria y antipopular que la distingue.
A las sociedades anónimas extranjeras o
colombianas, con más de un millón de pesos
de renta líquida gravable, incluyendo el
"alivio tributario" de diciembre, se les
rebajó la tarifa impositiva de un 46 por
ciento que tenían antes del "mandato claro"
a un 36 por ciento, aproximadamente.
Mientras que las sociedades limitadas,
constituidas mayoritariamente por pequeños y
medianos productores nacionales, cuyas tasas
iban del 4 por ciento para las de menor
renta, y de ahí hacia arriba de manera
progresiva, fueron niveladas en el tope más
alto: el 20 por ciento. Es decir, se aligeró
la carga a las grandes sociedades
monopolistas, especialmente a las
extranjeras, y se quintuplicó a las
pequeñas. Con el poderoso gremio cafetero,
que nada en la "bonanza económica", sucedió
otro tanto: el gobierno le reembolsará la
fabulosa suma de 1.500 millones de pesos
durante los cuatro años de su período, como
fruto de la reducción de impuestos decretada
a su favor y en recompensa a sus esfuerzos
por amasar una fortuna fenomenal con el
sudor, las lágrimas y la sangre del pueblo
colombiano. Y a los latifundistas todos, la
otra clase consentida por el régimen, se les
mantuvo en líneas generales dentro del
munífico tratamiento estipulado por la ley
4a. de 1973, con una "renta presuntiva"
nominal del 8 por ciento sobre el valor del
patrimonio, pero que con los incontables
descuentos y excepciones, queda reducida en
muchos casos a menos de la mitad. Al
respecto, el gobierno lopista siguió
guiándose por la vieja "teoría" oligárquica
de que a la clase terrateniente, que evade
más del 90 por ciento de lo poco que debería
pagar, según las apreciaciones de la misma
comisión Musgrave, no se le puede
fiscalizar, sólo "presuponer” sus
utilidades. La figura jurídica de la "renta
presuntiva" es en verdad un monumento
erigido a la lenidad y a la abulia de los
gobiernos proimperialistas, cuando de
controlar y vigilar la rapacidad de las
minorías explotadoras se trata. Y las
familias de más altos ingresos aprovechan al
máximo los boquetes de evasión, abiertos por
los legisladores a sueldo con el criterio de
que el Estado sea sostenido no por las
clases a que protege, sino por las clases a
que sojuzga.
5. La
ley de aparcería. Destacadísima
mención merece esta medida como la que más
refleja la naturaleza antihistórica del
"mandato claro". Recordemos que el señor
López Michelsen para ganarse la simpatía de
la clase terrateniente en su escalada hacia
el Poder, prometió que en materia agraria no
iría más allá de donde fueron los cuatro
regímenes del Frente Nacional y, por el
contrario, consolidaría la situación
prevaleciente. Y a fe que lo ha cumplido. En
cada oportunidad propicia, el presidente
liberal expone su pensamiento acerca de que
en el campo colombiano, como acostumbraba
comentarlo Laureano Gómez, no existen
problemas de tierras sino de aguas y otras
cosas. Que la producción agropecuaria del
país ha llegado a un grado tal de avance,
por un lado, y la propiedad está repartida
tan democráticamente, por el otro, que los
agricultores sólo necesitan técnica,
caminos, créditos, abonos, fungicidas,
riego, etc. He ahí la concepción de las
clases dominantes proimperialistas, la cual
se conoce con el nombre de "revolución
verde" y consiste en ofrecerle a las masas
campesinas cualquier invento, menos tierra.
Desde luego, éstas nunca creyeron en el
espejismo de semejante "revolución" y
lucharán por sus tierras hasta conseguirlas,
tras la dirección que ellas mismas
descubrieron: las invasiones a las fincas de
los grandes señores. Y no es que los
campesinos desdeñen los adelantos
enunciados, sino que con un aguzado sentido
práctico calaron el engaño de los
imperialistas y sus lacayos y se han
decidido a empezar por conquistar la base
material de todo progreso en el agro
colombiano: la tierra para ponerla a
producir, la tierra que hoy se halla ociosa
o escasamente explotada, en manos de los
terratenientes. Ratificando su propia
concepción y contrariando el punto de vista
del campesinado, López Michelsen hizo
aprobar a pupitrazos en el Parlamento la Ley
de Aparcería. Dicha disposición demuestra
las siguientes realidades: 1) en el campo
colombiano hay grandes extensiones que
pertenecen a un grupo reducido de
propietarios; 2) estas extensiones están en
lo fundamental explotadas insuficientemente
y en forma atrasada; 3) los campesinos con
poca o ninguna tierra representan el factor
determinante y principal en la producción de
aquellos fundos, y 4) los grandes
propietarios no trabajan y son los únicos
beneficiados. Y aunque la Ley hable de
“contrato", a la manera moderna, entre el
dueño y el aparcero, lo que se regula en el
fondo es una relación de servidumbre entre
el terrateniente y el campesino sometido.
Bajo la corteza capitalista se esconde la
savia feudal.
El régimen
lopista vuelve a darle expresión jurídica a
esas relaciones que dormitan, desde la época
inmemorial de la colonia, en la estructura
misma de nuestra sociedad y satisface así
una vieja aspiración de la clase
terrateniente colombiana, que el Estado le
devuelva “legalmente" al siervo de la gleba.
Cuando éste le incomode, el gran señor podrá
acudir al inspector de asuntos campesinos,
al alcalde municipal, al inspector de
policía, para que le saque al intruso de sus
tierras y se lo lleve con sus huesos a la
cárcel o al cementerio. Pero hay algo aún
mucho más importante: la Ley de Aparcería
enseña cómo conviven en perfecta armonía la
dominación neocolonial imperialista y las
formas más atrasadas de producción en los
países oprimidas. Dentro del actual sistema,
la técnica, los créditos, la venta de
insumos que anuncian al agro colombiano los
imperialistas y sus intermediarios
únicamente cristalizan otros tantos canales
para succionar los frutos del trabajo de las
clases campesinas. Los personeros del
"mandato claro" persiguen perfeccionar y
eternizar las relaciones neocoloniales y
semifeudales, sin siquiera sospechar en su
torpeza ciega que quienes pretenden detener
el carro de la historia corren el riesgo de
perecer bajo su paso arrollador.
6. Plan
de "desarrollo" y endeudamiento externo.
A fines de 1975 el gobierno se resolvió por
fin a presentar un plan de "desarrollo" como
lo hicieron los regímenes anteriores, desde
cuando el concepto de la planificación de la
economía por parte del Estado tomó cuerpo
hasta alcanzar luego la categoría de canon
constitucional. Sabemos que al señor López,
entre más se desvela porque su imagen
aparezca a todo trance diferente a la de sus
antecesores, su sino trágico lo arrastra a
ejecutar las sinfonías inconclusas del
Frente Nacional. En esta ocasión también
quiso sentar un precedente y dispuso que su
proyecto de "desarrollo", como no fue
costumbre en el país, antes que el lado
económico habría de enfatizar el contenido
"social". Por eso se le bautizó como “Plan
de desarrollo social, económico y regional".
Aquí, no obstante, para saborear el licor
tendremos que empezar por destapar el
frasco. En primer término veamos cuán poco
era el afecto del presidente liberal por los
planes de desarrollo, a través de una
declaración suya, de la cual no podremos
menos de admirar una cosa, la sinceridad. En
su mensaje radiodifundido y televisado del
20 de febrero de 1975, dijo: "Cuando
oigo reclamar, por ejemplo, planes de
desarrollo a cuatro o cinco años, que
dizque el gobierno le está debiendo al
país, planes que, por lo demás, se están
preparando para ser sometidos al Congreso,
me pregunto, ¿cuántos países tienen un
plan de desarrollo, un derrotero, un rumbo
fijo que no están dispuestos a cambiar?
Nosotros que en cierta forma somos
dependientes de potencias económicas
considerablemente más influyentes que
Colombia, vemos día a día cómo el gobierno
de Estados Unidos, o el de Gran Bretaña, o
el de Francia, o el Japón cambian de
rumbo; hacen, diría yo, piruetas y
experimentos a veces hasta
contradictorios. ¿Cómo podríamos pensar,
vinculados como estamos a esos países, en
hacer nuestro propio plan de desarrollo
cuando el mundo que nos rodea está dando
virajes de 180 grados?".[8] Esta
prenda que nos entrega López Michelsen viene
a reforzar el acendrado convencimiento de la
revolución de que Colombia bajo las
condiciones de dominación de las potencias
imperialistas, principalmente los Estados
Unidos, jamás gozará de autonomía para
trazar el curso de su desarrollo económico.
Cualquier plan elaborado en tales
circunstancias no servirá más que a los
intereses de los opresores extranjeros y su
aplicación práctica estará en todo momento
sujeta a los requerimientos y necesidades de
éstos.
Los
programas del Estado colombiano para regular
la economía del país, son sólo un remedo de
planificación. Aquellos han estado
supeditados por lo general a los préstamos
que apruebe o no apruebe el imperialismo. El
plan de "desarrollo" del "mandato claro" no
escapa a la regla. La resistencia inicial
del gobierno a la planificación fue vencida
por el hecho de que los organismos
financieros internacionales habían acordado
2.600 millones de dólares en empréstitos
para Colombia. Muchos de ellos, como las
partidas destinadas al rutilante "Plan de
Desarrollo Rural Integrado", motor del
programa económico oficial, venían en
trámite desde la administración Pastrana. El
plan de desarrollo "social" es eso, más las
estrategias económicas que hemos estado
subrayando en este informe. El pueblo
colombiano tendrá que pagar con el sudor de
la frente cada centavo que los paniaguados
del imperialismo gasten o dilapiden de los
préstamos, con intereses y todo. Los
créditos que reciban los campesinos estarán
destinados a comprar a precios especulativos
las mercancías que únicamente pueden
adquirir de manos de las clases que manejan
el capital monopolista de Estado, la gran
burguesía y los grandes terratenientes. Así
el plan oficial no contribuirá a aumentar la
producción nacional estancada, a la que por
el contrario golpea, sino que será un
programa para darle salida a los productos
de las grandes empresas de los imperialistas
o de las intervenidas por éstos, y para
garantizarle a dichas empresas la
distribución subsidiada de alimentos con el
objeto de que logren mantener bajos los
salarios de sus obreros. Esta es la pócima
que el régimen continuista desea obligar a
beber al pueblo colombiano. El presidente,
también, al respecto, contó el secreto: "el
problema que confronta este gobierno no es
tanto producir más sino consumir más".[9]
7. Precios
elevados y salarios bajos. Pocas
veces en la historia de Colombia, el pueblo
ha soportado una racha de alzas en los
precios de los artículos esenciales y en las
tarifas de los servicios públicos como en
este tramo de año y medio del gobierno
lopista. Las gentes lo llaman el "mandato
caro" o el "mandato de hambre", en irónica
alusión a su lema político propagandístico.
Después de haber recorrido la vastedad de la
campaña electoral galopando sobre la tesis
de atacar el mal de la carestía, y mofándose
sin discreción de la "inflación importada”
con la cual el presidente Pastrana explicó
la inevitabilidad del desorden alcista del
país como secuela de la dependencia de
Colombia a los mercados internacionales, el
señor López sacudió a los colombianos con la
antítesis de que para ordenar la casa
existía una fórmula: elevar los precios. Y
procedió a soltarle cuerda a la cometa, toda
la que pidiera. El argumento en el fondo era
uno solo: si la tasa de ganancia no aparecía
atractiva para los productores, las
mercancías desaparecerían del comercio por
múltiples desagües y se acrecentaría el
costo de la vida. Un círculo vicioso de
nunca acabar. Y entonces, bastó con que los
consorcios petroleros norteamericanos
mermaran el ritmo de la producción, para que
el gobierno decretara ahí mismo un alza en
los hidrocarburos y sus derivados, que se
irá haciendo efectiva periódica y
automáticamente, hasta una proporción mayor
del ciento por ciento. Esta medida
obviamente repercute en cadena en la
industria, el transporte, el comercio y
desemboca rauda y arrasadora al consumo
directo de las masas, que son las que al fin
y al cabo pagan los platos rotos. Igual cosa
ha sucedido con el resto de renglones: la
maquinaria y los repuestos, las materias
primas, los productos agroquímicos, el
cemento, la vivienda, las drogas, el
vestido, los alimentos, en una lista sin
principio ni final. Las tarifas de los
servicios públicos también se han trepado y
seguirán trepándose, según el presidente, "condicionadas
a costos, algunos de ellos
internacionales, que no está en manos del
gobierno reducir".[10] He ahí
una versión particular de la "inflación
importada" de Pastrana, como cuando el
régimen lopista adopta determinaciones que
arrojan los mismos desastrosos resultados,
verbigracia, al liberar importaciones,
ordenar la devaluación progresiva del peso,
equiparar el valor interno de ciertos
artículos con el que rige en el exterior,
pagar o amortizar las infladas sumas que las
empresas públicas adeudan a los prestamistas
internacionales y elevar los impuestos de
valorización y de ventas. Ese nudo
inextricable de la carestía que tiene
acogotado al país, es la consecuencia más
característica de la explotación del
imperialismo sobre nuestra nación y, cual lo
pregonamos, sólo el hacha de la revolución
de liberación nacional logrará cortarlo. "No
está en manos del gobierno reducir" esta
demoníaca espiral; sus controles no
sobrepasan los límites del DANE, en donde se
prefabrican las cifras oficiales sobre el
costo de la vida, conforme a las severas y
perentorias indicaciones de los ministros
del despacho, encaminadas a justificar las
negativas a las modestas peticiones de alza
de salarios de la clase obrera. Cuando los
precios de los artículos de primera
necesidad registran incrementos de más del
50 por ciento en lapsos menores a un año, el
“mandato claro", dizque para "desacelerar"
la inflación y mantener la "estabilidad”,
convino permitir como máxima concesión, la
ridícula relación de un 15% de aumento
salarial. Desde luego el movimiento obrero
colombiano no comulga con esta estrategia
económica de precios por las nubes y sueldos
y salarios por el suelo. Agobiados por el
hambre, a los obreros les sobrarán motivos
para templarse en agudos combates contra el
régimen, como lo hicieron en 1975, no
únicamente con el propósito de defender sus
condiciones de vida y de trabajo, sino de
darle a la nación entera una lección de
dignidad y patriotismo.
8. Encarnizada
represión contra el pueblo. Si las
medidas económicas del mandato lopista
concuerdan con las descritas someramente
atrás, ¿su método de gobierno será
democrático o antidemocrático? Una dictadura
que actúa así en lo económico,
necesariamente gobernará con los métodos más
torvos de represión fascista. Sólo los
ilusos y los oportunistas dudan al responder
esa pregunta. La meta económica del "mandato
claro", desde el primer día en que comenzó a
actuar, consistió en rebosar de garantías y
facilidades a los monopolios imperialistas y
a sus lacayos, los magnates de la banca, los
grandes terratenientes, los grandes
importadores y comerciantes, los pulpos
urbanizadores, es decir, al puñado de
poderosas familias cuya vena fundamental de
enriquecimiento depende en el fondo única y
exclusivamente de los favores del Estado. Un
régimen que envalentonado por el resultado
de las urnas impartió la orden de
superexplotar a la inmensa mayoría de la
nación, saltándose todas las barreras de la
prudencia y el recato, no podría menos de
estar decidido a llegar hasta las últimas
consecuencias, sin importarle el deslustre
de su imagen, las tímidas reconvenciones de
sus amigos o la crítica virulenta de sus
enemigos. El lopismo había echado por la
calle del medio, dispuesto a partir en
pedazos a quienes discrepasen de su cesárea
voluntad y ufanándose de que dos brazos
experimentados, prolongados desde la lejanía
de la fundación de la República empuñaban su
guadaña amenazante: el liberalismo y el
conservatismo. Pero muy pronto el fundador
del extinto MRL sopesaría que su fortaleza
no era tanta, porque el pueblo lo amaba
menos, mucho menos de lo que le decían sus
áulicos y lo odiaba más, mucho más de cuanto
calculaba la oposición. Y el "mandato de
hambre", antes de su primer aniversario,
recurrió a las herramientas represivas
predilectas del sistema: el estado de sitio,
los consejos verbales de guerra y la
violencia contra los movimientos populares.
¿Sería justo afirmar que tales medidas
marcan el viraje hacia la derecha del
régimen? De ninguna manera. Ellas no
patentizan más que la expresión, el
resultado, el desenlace concreto, genuino e
inevitable de sus medidas económicas. La
explotación neocolonial y semifeudal de la
gran burguesía y los grandes terratenientes
proimperialistas únicamente se sostiene
mediante la dictadura fascista sobre las
inmensas masas populares. Por el contrario,
si algo vale la pena destacar en el actual
fenómeno político de Colombia son
exactamente la prontitud con que el gobierno
se vio precisado a apelar a las vías de
excepción, para medio manejar el desorden y
el descontento públicos, y el período
continuo que lleva el país bajo el estado de
sitio. De los 16 meses de mandato lopista,
seis acumula gobernando con la férula del
artículo 121 de la Constitución, o sea, más
de una tercera parte del tiempo. Los
recientes anuncios oficiales acerca de un
eventual retorno a la normalización
institucional en las proximidades del debate
electoral, obedecen a los deseos del
Ejecutivo de presidir unos comicios, los
primeros que organiza, guardando
farisaicamente las apariencias de
democracia, como ha sido costumbre en
Colombia durante la realización de esos
eventos amañados y manipulados por las
clases dominantes. Este gobierno ha hecho
vertir en año y medio más sangre inocente de
hombres, mujeres y niños del pueblo que en
lo que en igual plazo derramara el último de
los cuatro del Frente Nacional, a quien los
estudiantes enardecidos gritaban en las
calles: "¡asesino!", "asesino!". Hay un
dicho colombiano, producto de la larga
experiencia de las masas, que expresa: "la
justicia es un perro bravo que sólo muerde a
los de ruana". Ninguna otra sentencia mejor
para exteriorizar sabiamente la realidad de
los regímenes oligárquicos proimperialistas
entre los cuales descuella por su
refinamiento y crueldad éste de cuyas
principales medidas económicas y políticas
hemos efectuado un apretado resumen. La
línea política brota y está supeditada a la
línea económica a que sirve. Tanto la una
como la otra del "mandato claro" se
distinguen por su efigie antinacional,
antipopular y reaccionaria. Las fogatas de
la resistencia popular prendidas en campos y
ciudades, a lo largo y ancho del país,
resaltan las siluetas de esta cruda y ya
vieja realidad, pero en sus fulgores se
anticipa la aurora luminosa de la nueva
Colombia.
DECLARACIONES
DE “AMISTAD TRADICIONAL”
A LOS
ESTADOS UNIDOS
Deliberadamente
hemos dejado para rematar el análisis de las
medidas oficiales con el punto de la
política internacional del gobierno lopista.
Para comprender fácilmente el carácter y la
dirección de ésta, empecemos por echarle una
rápida mirada a la situación mundial y al
lugar que en ella ocupa Colombia.
La gloriosa
Revolución de Octubre de Rusia, de 1917,
inauguró la época de las revoluciones
socialistas proletarias, y desde entonces el
mundo históricamente avanza en medio de
agudos conflictos y violentas tormentas
hacia el socialismo. Pero en el planeta
dominan las fuerzas imperialistas que
sobreviven gracias a la explotación sobre
los países atrasados y sojuzgados, y entre
las cuales se destacan las dos
superpotencias, los Estados Unidos y la
Unión Soviética, cuyos dirigentes
revisionistas abandonaron hace rato el
camino radiante trazado por Lenin y
regresaron al atajo capitalista. Estas dos
superpotencias luchan y se coluden entre sí
por el reparto de la Tierra y personifican
las principales amenazas de la paz mundial.
Los movimientos de liberación nacional de
los pueblos coloniales y neocoloniales
constituyen el principal frente de batalla
de la lucha antiimperialista, y de su
culminación victoriosa estará atento el
mundo en los próximos decenios y dependerá
el futuro de la humanidad. Los peligros de
que explote o no una nueva conflagración
mundial se hallan íntimamente relacionados
al hecho de que los movimientos de
liberación nacional logren o no pasar a la
ofensiva y asestar inicialmente golpes
aniquiladores a los imperialistas. En todo
caso, como dice Mao con agudeza, "o la
guerra hace estallar la revolución, o la
revolución impide la guerra".
Colombia
pertenece a ese grupo de países mayoritarios
del Tercer Mundo y su rol histórico es el
mismo. Los prodigiosos avances del
movimiento de liberación nacional los
prueban más que nada los triunfos obtenidos
por los tres países de Indochina, en 1975,
prácticamente en forma simultánea. Después
de más de un siglo de guerrear casi
ininterrumpidamente contra la dominación
colonialista sucesiva de varias potencias
europeas y del Japón, y a partir de la
terminación de la Segunda Guerra Mundial
contra el imperialismo norteamericano,
Camboya logró por fin su independencia el
pasado 17 de abril, Vietnam del Sur, el 30
del mismo mes, y Laos también arrancó de
cuajo la dominación extranjera, abolió el
sistema monárquico y fundó su república
popular, democrática y soberana, el 3 de
diciembre último. Esta es una gran victoria
no sólo de los pueblos del Sudeste Asiático,
sino de los pueblos del globo entero, del
movimiento proletario internacional y de los
países socialistas, y ante todo representa
un invaluable ejemplo de cómo los países
débiles, si se atreven a empuñar las armas y
perseveran en una línea justa, son capaces
de propinar palizas demoledoras a los
imperios más poderosos que osen mancillar
sus banderas. Para los pueblos indochinos se
abre ahora la etapa de la construcción de
sus economías, basándose fundamentalmente en
sus propios esfuerzos, cual lo hicieron en
la guerra, y luchando para preservar la
soberanía alcanzada a costa de tantos
sacrificios. En esa forma el sol de la
libertad no se pondrá jamás en Indochina,
mientras las fuerzas revolucionarias impidan
que el tigre se les cuele por la puerta
trasera, después de haber expulsado el lobo
por la principal.
El derrotero
revolucionario salvador de Colombia, como
neocolonia de los Estados Unidos, es
idéntico al resto de países débiles,
atrasados y sojuzgados por las grandes
potencias: la lucha prolongada y persistente
hasta alcanzar la liberación nacional y
contribuir a la derrota de las fuerzas
imperialistas a escala mundial y al
establecimiento de unas relaciones
internacionales erigidas sobre la
autodeterminación de las naciones y en la
libre cooperación, mutua ayuda y beneficio
recíproco de los pueblos. Los movimientos de
liberación de las naciones coloniales y
neocoloniales, el proletariado internacional
y los países socialistas conforman el más
gigantesco frente de lucha antimperialista,
la fuerza colosal revolucionaria
irresistible de la época contemporánea,
portadora del progreso y de la paz. Y
Colombia se halla en la primera línea de
fuego de ese frente invencible.
Observemos
ahora qué trágicos designios y qué
vergonzoso desempeño pretende para nuestro
país el "mandato claro" con su política
internacional. Apoyémonos para ello en
pronunciamientos oficiales del gobierno,
producidos al más alto nivel, en tres
ocasiones diferentes. Ante el Cuerpo
Diplomático, el presidente López dijo: "El
mundo ha llegado a un momento de su
historia, en que ya no constituye ventaja
alguna ser una superpotencia, asumir
permanentemente todas las
responsabilidades y soportar el mayor peso
de las cargas. Tampoco es aceptable el
papel del país pequeño, desvalido y
vulnerable, fácil juguete de los
poderosos. Se amplía cada día más la gama
de naciones que comprenden que su posición
intermedia entre uno y otro polo, las
sitúa en condición inmejorable para esa
mediación que evita los extremos abusivos,
los actos unilaterales, las demostraciones
de fuerza o las nocivas polarizaciones (...) Colombia
confía en que el influjo benéfico de esta
familia de países aumente cada día
reforzada por voces de incontestable
fuerza espiritual, como lo es la del Sumo
Pontífice, escuchada con respeto en todo
el universo".[11] Ante el
príncipe Bernardo de Holanda, que visitaba a
Colombia, agregó categóricamente: "No
queremos la confrontación entre países
ricos y países pobres".[12] Y
ante el presidente Gerald Ford, durante la
gira de ocho días que efectuó López
Michelsen por los Estados Unidos, prometió:
"En la débil medida de nuestras fuerzas,
señor Presidente, estamos dispuestos a
acompañar a los Estados Unidos, dentro de
nuestra amistad tradicional, a propiciar
el cambio, a admitir las realidades, a
reconocer derechos, a la par que asumir
responsabilidades, conservando lo que sea
digno de conservar y reconociendo la
obsolescencia de lo que debe ser
sustituido". [13]
En estas
cuantas frases se encuentra concentrado el
zumo de la política internacional del
"mandato claro". Con la torpeza de un
principiante, trastocando los valores y
armando combinaciones sin juicio ni sentido
el jefe del continuismo procede a colocar a
la topa tolondra las fichas sobre el tablero
del ajedrez internacional. Descaracterizando
la relación de las potencias y los países
esclavizados, pretende hacernos creer que
aquellas no sacan ninguna ventaja de su
condición predominante y que, por el
contrario, soportan "el mayor peso de la
carga". Imaginando una hipotética
cuarta posición interpuesta a las de las
naciones opresoras y oprimidas, sueña para
Colombia el melancólico oficio del algodón
entre los vidrios. Renegando de los hechos
anatematiza la "confrontación entre los
países ricos y los países pobres", es
decir, condena la lucha de los pueblos
sometidos por su emancipación. Y apelando a
la tradición obsequiosa de los gobiernos
colombianos frente al amo extranjero, se
compromete a respaldar a Estados Unidos en
la tarea de "propiciar el cambio" y
amparar "lo que sea digno de conservar".
¿Qué es lo
que el imperialismo aspira a cambiar, y qué
es lo que desea conservar? Lo primero,
invertir la tendencia generalizada de
rebeldía y de lucha ascendente de los
pueblos, que amenaza con desquiciar el orden
internacional subsistente, según el cual un
club selecto de repúblicas todopoderosas se
enriquece y progresa sobre la depauperación
y la indigencia de la mayoría de países de
la Tierra. Lo segundo, mantener intactos el
empuje y la supremacía del imperio, cuya
fuerza vital radica cada día más en la
expoliación y el despojo de las naciones que
gravitan en su órbita de influencias. Las
únicas realidades que admite el imperialismo
son las de su propio y excluyente beneficio.
Los únicos derechos que reconoce son los del
saqueo. Las únicas responsabilidades que
asume son las de la fuerza bruta. Por
ninguna consideración subalterna a Colombia
le conviene esta política, no sólo porque su
natural solidaridad está de lado de la causa
de miles de millones de seres del planeta,
sino porque sus intereses internos chocan
antagónicamente con la vandálica usurpación
de los monopolios imperialistas. Colombia
forma parte entrañable del movimiento
liberador de los pueblos de Asia, Africa y
América Latina, con los que coincide y se
apoya mutuamente en sus luchas por la
independencia económica y la emancipación
política. Cualquier otra invitación a
construir bloques intermedios, además de la
traición que aquello implica a los legítimos
anhelos de soberanía y libertad de nuestro
país, en la práctica significa un intento de
abierto y descarado respaldo a las fuerzas
imperialistas que actualmente afrontan
dificultades enormes e insolubles
contradicciones a causa del auge de la
revolución mundial.
Puesto en la
alternativa de escoger entre la línea
pregonada por el "mandato claro" de auxiliar
a los Estados Unidos y a todo lo que éste
simboliza como nación imperialista
decadente, por una parte, y la política
popular y democrática de independencia y
decoro nacionales, defendida por el MOIR y
el resto de fuerzas revolucionarias y
patrióticas, por la otra, el pueblo
colombiano no dudará en tomar partido a
favor de esta última. En ella va involucrada
la suerte de Colombia como la única solución
posible a la grave crisis que atraviesa.
LA CAUSA DE
LA CRISIS
DE LA
SOCIEDAD COLOMBIANA
La crisis
yacente en Colombia data de muchos lustros
atrás y es más antigua de lo que algunos
piensan. Las nuevas generaciones la
recibieron en sucesión intestada pero
forzosa de parte de sus mayores, así como
éstos la habían heredado de sus antepasados.
A raíz de
los enviones del naciente imperialismo
norteamericano, a fines del siglo pasado y
comienzos del presente, que tuvieron como
prólogo la secesión de Panamá de Colombia,
con la cual los Estados Unidos se facilitó
la construcción del Canal que lleva por
nombre el de la joven y hermana República,
nuestro país pasó a convertirse poco a poco
en neocolonia de la potencia del norte.
Norteamérica comenzaba a forjar un imperio
que llegaría a ser el más grande de la
Tierra y hacía los primeros ensayos
expansionistas apoderándose de las naciones
patriarcales de América Latina que tenía al
alcance de su sable y a las que desde
entonces considera como su coto privado de
caza. La presencia del imperialismo
norteamericano en nuestro suelo repercutió
notoriamente en su fisonomía. En el fondo
significó un cambio brusco y radical de la
situación económica y política de la
Colombia aldeana y feudal. Dos fenómenos
contrapuestos se dieron simultáneamente. De
una parte, se aceleró el proceso que
evolucionaba lento y gradual de la
descomposición de la economía natural del
país y éste fue vinculándose más plenamente
al torbellino del mercado internacional, por
medio de los miles de conductos que le
proporcionaban los imperialistas
norteamericanos. Protegido por el nuevo
clima el capitalismo colombiano principió a
florecer. Este es un fenómeno que podemos
calificar sin duda de favorable, ya que
Colombia terminaría por romper el
aislamiento tanto a nivel parroquial, en lo
interno, como a escala mundial, en lo
externo, proceso que apenas si despuntó en
el siglo XIX en sus relaciones comerciales
con el capitalismo europeo y arrancaba por
fin en firme la producción moderna de tipo
capitalista, que desenfundó en el escenario
nacional a las dos clases recién formadas,
el proletariado y la burguesía colombianos,
con sus alforjas repletas de ideas,
inquietudes y contradicciones distintas a
las que había conformado la pesada atmósfera
del medioevo de la República, desde su
alumbramiento, el 20 de julio de 1810. De
otra parte, el imperialismo norteamericano
inauguraba la tétrica historia del robo de
nuestros recursos naturales y de la
incautación de los frutos de nuestro
trabajo. Este fenómeno es tremendamente
negativo.
Pronto el
poderío de los Estados Unidos llegó a su
edad dorada, sacándole tajada a los
problemas de las potencias capitalistas que
tenía en frente y a los dos conflictos
bélicos mundiales, brotados ambos en la
primera mitad del siglo XX. A medida que
aumentaba su fortaleza el imperialismo
norteamericano iba hundiendo con mayor saña
sus garras en las carnes de las naciones
latinoamericanas y particularmente de
Colombia. En esa forma el aspecto negativo
terminó agigantándose, mientras que al
capitalismo nacional le resultaba cada vez
más difícil desenvolverse tras la rapiña y
desigual competencia de los monopolios
internacionales, que le succionaban o
encarecían las materias primas básicas, le
dominaban omnímodamente sus mercados y
utilizaban la técnica como un ariete para
tomar la plaza o desvencijar sus débiles
fortificaciones. Lo que en los orígenes
fuera un vivero para su nacimiento y
posterior desarrollo se trocó muy pronto en
un desierto hostil.
Desde
entonces el capitalismo nacional se ha visto
en una situación de enorme inferioridad,
desplegándose escasamente, a troncas y a
mochas, en especial durante los períodos de
ciertas dificultades del imperialismo y
cuando por ello se hace menos intensa su
influencia sobre el país. El paulatino
estancamiento de la producción nacional y la
ruina progresiva de las grandes masas
populares se hallan determinados por esta
relación neocolonial de sojuzgamiento
externo. Los bienes y la mano de obra de los
colombianos no coadyuvan a la prosperidad y
al progreso de la nación, sino que se
encuentran al servicio exclusivo del
enriquecimiento de los monopolios
extranjeros. He ahí la causa principal y
decisiva de la crisis de Colombia: la
explotación y opresión del imperialismo
norteamericano. Por lo tanto, su única
salida real será la revolución de liberación
nacional. En las condiciones históricas
vigentes de Colombia, la acertada defensa y
la lucha consecuente por la independencia y
soberanía del país, definen por sobre
cualquier otro aspecto accesorio la
naturaleza revolucionaria de una clase o de
un partido. Al igual que las "teorías”
soluciones y estratagemas proclamadas por la
reacción, junto con su práctica, se
distinguen por sus consecuencias desastrosas
y dañinas en las fuerzas productivas, las
posiciones ideológicas y programáticas de
las fuerzas revolucionarias colombianas, y
su acción política, repercuten benéficamente
en el desarrollo de la producción nacional.
Dentro del
MOIR hay camaradas que aún no han logrado
asir la esencia económica de la crisis
nacional como una crisis de estancamiento
del capitalismo colombiano. Admiten el freno
en términos absolutos de la producción
nacional, como un hecho aplastante e
innegable de la vida del país, pero no
comprenden que la única forma de desarrollo
de las fuerzas productivas bajo el actual
régimen neocolonial y semifeudal es la
capitalista. Eso por una parte, y por la
otra, confunden las características
diametralmente diferentes de la crisis de
Estados Unidos, como nación desarrollada
opresora, y de Colombia, como nación
subdesarrollada oprimida. Ambas crisis lo
son porque afrontan problemas de
paralización de las fuerzas productivas,
pero por razones inversas.
Estados
Unidos padece de superproducción, de
saturación de sus mercados, de falta de
salida para sus mercancías y capitales. La
ciencia, la tecnología, la organización
administrativa, la proliferación en suma de
los medios materiales productivos han
llegado allí a un estadio tal de progreso y
perfeccionamiento, que las relaciones de
propiedad individual capitalista, expresadas
en la gran concentración monopolística, se
constituyen en trabas infranqueables para la
expansión de dichos medios productivos. Pero
el imperialismo resuelve temporalmente su
crisis explayándose por el mundo,
apoderándose de naciones enteras y
compitiendo en esta bárbara conquista con
los demás países y grupos imperialistas. A
donde vaya lo acompañará el espectro de la
guerra, a la que recurre sin
contemplaciones, ya sea para desplazar a las
otras potencias contendientes o para
apabullar a los pueblos colonizados. Con
estos métodos "civilizados" de la bota
puesta sobre el cuello de sus víctimas, el
imperialismo se proporciona, como arriba
señalamos, materias primas para sus
industrias, mercados para sus productos y
áreas de inversión para sus capitales. Por
consiguiente, su consigna de combate ha sido
y seguirá siendo la de desalojar a la
competencia, provenga de donde proviniere,
para consolidar y ampliar sus dominios. De
ello y sólo de ello depende su existencia.
En los países que oprime apuntala las formas
más atrasadas de producción y quiebra o
interviene las industrias más avanzadas y
promisorias. En Colombia, por ejemplo, los
grupos monopolistas norteamericanos, a la
par que le aconsejan al país auspiciar y
patrocinar las formas de producción
artesanales y que requieren “poca técnica y
mucha mano de obra", como el paradigma
supremo de desarrollo, sustentan el caduco
régimen de explotación terrateniente en el
campo y se entrelazan para los negocios y
para la política con las clases parasitarias
colombianas, la gran burguesía y los
latifundistas.
La crisis de
Colombia es de atraso, de atrofia de las
distintas ramas productoras de bienes
industriales y de consumo, de falta de
ciencia, de técnica, de incipiencia en suma
de los medios materiales productivos. Los
valladares para el acrecentamiento de dichos
medios productivos son las relaciones
neocoloniales de subyugación externa y el
régimen de explotación terrateniente. Por
ello sólo la revolución de liberación
nacional y democrática conseguirá remediar
la crisis del país, una revolución que
nacionalice todos los monopolios
imperialistas y colombianos y confisque la
tierra de los grandes terratenientes y se la
entregue a los campesinos que la trabajen.
Dentro de la situación prevaleciente en
Colombia no todas las formas de propiedad
individual de los medios de producción son
causa de su crisis, a diferencia de lo que
acontece en la metrópoli. Aquí únicamente la
apropiación monopolística y la terrateniente
materializan los obstáculos inexpugnables
para el desarrollo de la nación. Las fuerzas
productivas no han llegado todavía en
nuestro país a un punto de auge y
prosperidad como para que se vean obligadas
a romper la camisa de presión de toda forma
de propiedad capitalista. Las potencias
imperialistas sufren de exceso de
capitalismo, Colombia de carencia de él.
Este es el aspecto contradictorio de las dos
crisis. Cuanto más profunda sea la crisis
del imperialismo, más impelido se encuentra
a descargarla con el máximo rigor sobre los
hombros de los países sometidos, con la
secuela de que precipita la crisis de éstos,
a los cuales coloca irremisiblemente al
borde de la revolución. Ahí el lado flaco,
la encrucijada, el atolladero, el eslabón
débil de la cadena imperialista: los
monopolios cada día dependen más de sus
colonias y neocolonias y éstas cada día
sienten más la necesidad y la atracción por
la liberación. El proletariado de las
grandes potencias tiene en los movimientos
de liberación nacional a un aliado
fundamental en sus luchas por la
emancipación y el socialismo.
Las
tendencias pequeñoburguesas de inspiración
trotskista analizan y entienden la crisis de
Colombia de un modo completamente diferente.
Para esas agrupaciones políticas la
producción nacional capitalista como la
presencia del imperialismo encarnan
igualmente un escollo inabordable para el
progreso y el avance de la nación. La
propagación en nuestro territorio del
capitalismo imperialista mediante nuevas
inversiones o a través del acaparamiento por
parte de éste de las industrias ya
establecidas, corren a calificarlo de
desarrollo del capitalismo, sin distinguir
entre el control cada vez más acentuado de
los monopolios extranjeros sobre los
mercados colombianos y la adversa situación
resultante que arrincona y estrangula a los
productores nacionales. Teorizan acerca de
la viabilidad del proceso capitalista en
términos generales, sin intuir que la base
económica de nuestra revolución estriba
precisamente en la imposibilidad de este
desarrollo nacional bajo las relaciones
neocoloniales y semifeudales existentes. 0
al contrario, reciben sin beneficio de
inventario la propaganda de la reacción
sobre los logros y prosperidad del
"capitalismo colombiano", ignorando que la
ley suprema de cualquier revolución, o sea
el tránsito de un régimen social de
producción a otro, se impone dónde y cuándo
el antiguo régimen se transforma en un freno
a la producción de los bienes materiales
esenciales para la subsistencia de la
sociedad y no en otro lugar ni antes que el
caduco sistema haya agotado todas las
posibilidades de crecimiento de sus fuerzas
productivas. Y en Colombia progresa el
capitalismo del imperialismo, lo comprobamos
diariamente, pero en detrimento del
desarrollo nacional. Y como corolario a sus
concepciones ideológicas y programáticas
aquellas tendencias convocan al pueblo
colombiano a realizar la revolución
socialista y no la revolución nacional y
democrática y llaman a combatir contra toda
forma de propiedad capitalista en lugar de
propiciar la unidad de las clases y capas
antiimperialistas en la gran cruzada por la
independencia y soberanía de la nación y por
la construcción de un régimen democrático
que siente los pilares económicos y
políticos de la futura sociedad socialista.
La posición del trotskismo colombiano en la
práctica se interpone a la referida alianza
de las distintas clases y fuerzas
revolucionarias y democráticas y beneficia
al imperialismo y a la reacción.
Alrededor de
estas cuestiones fundamentales de la
revolución colombiana el MOIR ha adelantado
una enconada discusión con el oportunismo de
derecha y de “izquierda". Sin embargo, tales
batallas ideológicas no han sido suficientes
para proporcionar la claridad necesaria
adentro como afuera de nuestro Partido. Se
hace indispensable redoblar los esfuerzos en
dicho campo estudiando y profundizando la
teoría de la revolución de nueva democracia,
así como sistematizando las experiencias de
los últimos años en la confrontación de
nuestra línea estratégica con las
peculiaridades concretas económicas y
políticas del país, conscientes de que a
ello se encuentra subordinado el porvenir y
la conducción de la revolución colombiana.
Las medidas antipatrióticas y retardatarias
del gobierno lopista y sus catastróficas
consecuencias en la economía nacional nos
facilitan el ejemplo vivo magistral, más
cercano y acabado, de cómo, por un lado, la
dominación del imperialismo sobre las
naciones subdesarrolladas es la causa
principal y determinante de la crisis y
anquilosamiento de sus economías y de cómo,
por el otro, una política traidora tendiente
a franquearle las puertas de nuestro
territorio patrio a los saqueadores de la
era moderna, está de antemano desahuciada y
tan pronto como se pone a funcionar cae sin
salvación en el más estruendoso descalabro.
Su bancarrota radica en que concita contra
ella la cólera de la aplastante mayoría de
la nación, no sólo de los obreros que
tienden por naturaleza de clase al
socialismo, sino de los campesinos que
exigen para sí la tierra que le expropien a
sus expropiadores, de los pequeños y
medianos productores y comerciantes, de los
estudiantes e intelectuales y de todas las
personas patrióticas y democráticas. La
debilidad de la reacción es la fortaleza de
la revolución, y viceversa, en la medida que
ésta aparezca incapacitada para fraguarse la
coraza de la unidad del pueblo a aquella le
mermará el espanto.
Oímos
frecuentemente la afirmación de que "nadie
es profeta en su tierra’’, con lo cual se
quiere connotar que sólo hacen carrera las
gentes exóticas procedentes de otras
latitudes, así propalen las ideas más
descabelladas, confusas y extrañas. En
cambio son objeto de mofa por parte de sus
coterráneos quienes se atreven a opinar
libremente, sin mediar para nada el hecho de
que los planteamientos que se esgriman sean
o no convincentes, inteligibles y correctos.
En cierta forma esto le ha sucedido a la
revolución colombiana. Hasta ahora
únicamente hicieron carrera las tesis
descabelladas, confusas y extrañas de las
clases dominantes que defienden los exóticos
intereses de los neocolonizadores
imperialistas. Aunque la edad de los pueblos
se mide por decenios y siglos nuestra
revolución ha tardado en crear una corriente
política definida y acatada por las amplias
masas. Semejante corriente política
revolucionaria corresponde alentarla a la
clase obrera en su calidad de comandante del
proceso revolucionario, aprovechando las
condiciones objetivas favorables que se
palpan de continuo en las violentas
erupciones de la crisis que calcina las
entrañas de la sociedad que ha jurado mil
veces destruir. El quid de su éxito se funda
en la consecuencia y acierto con que
entienda y aplique la línea unitaria de
frente único de todas las clases y capas
revolucionarias. Nuestro proletariado
quebrantará, a través de su partido, una
inveterada tradición colombiana y nos
convencerá a todos de que sí será "profeta
en su tierra".
APROVECHEMOS
AL MAXIMO
EL DEBATE
ELECTORAL
Se fijaron
ya los edictos con la citación de las
elecciones de 1976, lo que podría
considerarse como un lujo que se da la
oligarquía colombiana, habida cuenta que, no
obstante el reiterado uso de las medidas de
excepción del artículo 121 de la
Constitución, del toque de queda, de los
consejos verbales de guerra y otros
procedimientos más drásticos, y gracias a
ello, ha logrado sostener la continuidad
institucional desde el golpe de Estado que
depuso al general Rojas Pinilla, y sobre
todo si se compara la situación de Colombia
con la orquestación militarista de la
mayoría de las repúblicas latinoamericanas.
Pero esto no quiere decir ni mucho menos que
la dictadura liberal-conservadora
proimperialista, que mantiene sumido al
pueblo colombiano en la más despiadada
esclavitud, esté pasando su mejor momento.
Las violentas erupciones de la crisis de que
habláramos en el capítulo precedente han
trastornado todo el orden tradicional y la
sociedad colombiana muestra síntomas
evidentes de una descomposición supremamente
aguda que, por más que se esfuercen las
clases dominantes, resulta imposible de
ocultar. Y no lo logran porque ellas han
sido las primeras en contagiarse de la
epidemia contra la cual dicen combatir.
En los
escalones más encumbrados y distinguidos de
estas clases sólo reina una preocupación,
algo que se ha tornado en una obsesión
incontrolada, más grande que ellas mismas e
infinitamente superior a su propio instinto
de conservación: el apetito desordenado de
atesorar, de centuplicar sus millones, pero
centuplicarlos de la noche a la mañana, a
como dé lugar, con el agio, la extorsión, la
especulación y los medios más desenfrenados
y turbios, que son, a la vez, los menos
riesgosos y más lucrativos. En ese loco afán
los detentadores del Poder han arrastrado
hacia el prevaricato, el peculado, la
concusión, el cohecho y las otras
infracciones contra la administración
pública que tipifica el código penal
burgués, a todo el andamiaje burocrático del
Estado, desde el más alto sitial de la rama
ejecutiva hasta la oscura y lejana
inspección de policía. No es raro en estos
tiempos, por ejemplo, enterarse las gentes
por la prensa, en medio de fenomenal
escándalo, cómo una de las familias más
poderosas perteneciente a la mitad
conservadora del gobierno, acusa al
presidente de la República que sus hijos se
están enriqueciendo a costa del erario y
como éste, con la misma moneda, responde
destapando el tráfico de influencias y los
favores de los organismos oficiales en las
transacciones comerciales de los
descendientes de sus acusadores. Y de ahí
para abajo. El sector público es un campo
minado de defraudaciones al fisco, de
negocios de toda condición y tamaño, de
menesteres ilícitos. Antier se destituyó a
un funcionario al que se le comprobó un
faltante que no pudo tapar, ayer se denunció
a un gerente de un instituto descentralizado
por pérdidas de varios millones de pesos que
no supo explicar, hoy los tribunales
detienen e investigan al que fuera no hace
mucho el máximo fiscalizador de los gastos
del Estado, mañana le corresponderá el turno
a un exjefe del Departamento Administrativo
de Seguridad.
La
corruptela de las minorías gobernantes no
sólo ha invadido la esfera estatal, sino que
se ha extendido como una gran mancha de
aceite a todas las actividades de la vida
social. Los pequeños imitan a los más
grandes y por doquier proliferan las mafias,
organizadas. El secuestro se convirtió en
una industria próspera, junto con los
estupefacientes, el juego, la prostitución.
El país terminó siendo modelado a la imagen
y semejanza de los hampones del capital
imperialista. Y cuando las normas que rigen
las relaciones de los grandes monopolios se
vuelven de usanza generalizada y aún las
capas más aristocráticas y refinadas de una
sociedad como la nuestra se lumpenizan, la
situación se torna incontrolable. Hasta los
sectores más privilegiados y guarnecidos
tras la empalizada de bayonetas se sienten
inseguros. La descomposición social culmina
amenazando a las clases dominantes, lo cual
es el principio del fin, porque las
sociedades a diferencia de lo que acontece
con los animales se descomponen antes de
morirse. Una idea de lo que está sucediendo
a estas clases bien puede dárnosla las
siguientes palabras de Alberto Lleras,
quien, anonadado por el horrible mundo que
en cierta forma ayudó a engendrar, exclama:
"¿Cuándo volverá el hombre a ser, como
querían los ingleses que fuera, el señor
en su castillo entre los muros de su casa,
protegido por las leyes, por los
ejércitos, por la fuerza de los Estados
contra cualquier acto de vandalaje?".[14] En
medio del caos y del pánico a las clases
dominantes colombianas sólo les queda el
alivio de añorar el pasado, ya que temen al
futuro, el cual por primera vez en la
historia de nuestro país pertenece a las
masas populares que nunca estuvieron
presentes a la hora del reparto de los
beneficios, pero que son las verdaderas
creadoras de todo lo grande, respetable y
digno de rescatar de la sociedad que
languidece.
A pesar de
la ventisca anarquizante y disolvente que
azota a la sociedad colombiana, a la clase
obrera le sobrará la fuerza moral para
sobreponerse, organizar las huestes
dispersas del pueblo y al frente de ellas
avanzar en oleadas contra sus tradicionales
enemigos. Entre más rápida, desgarradora e
irreversiblemente evolucione la crisis en
que se debaten las minorías opresoras, más
alentadoras, claras y cercanas aparecerán
las perspectivas de la revolución.
Contradiciendo los iniciales vaticinios de
la coalición oligárquica y de sus
turiferarios de la oposición, el primer
tercio recorrido del actual régimen ha
registrado duras y agudas batallas populares
que apuntan directamente contra el frontis
del "mandato claro” de un vigor y una
magnitud como no las padecieron para expiar
sus faltas los gobiernos anteriores. El
proletariado arrojó al suelo y pisoteó el
"contrato social” que López Michelsen llevó
redactado y en papel de oficio a la
"comisión tripartita", el 14 de septiembre,
por el cual se pretendía comprometer a los
sindicatos a incrementar la cuota de
"sacrificio", es decir, a decuplicar el
hambre de sus afiliados en pro de los éxitos
económicos del continuismo. Decenas de miles
de obreros levantaron las carpas de huelga e
izaron los pendones rojos frente al
desteñido, estandarte bicolor de la alianza
liberal-conservadora. Y al lado de ellos los
maestros, los bancarios, los estudiantes,
los pobres y oprimidos todos de Colombia
manifestaron sus protestas encendidas en las
más diversas formas de pelea. También los
campesinos prosiguieron en sus empeños
revolucionarios de proporcionarse la tierra
a que tienen derecho, invadiendo las fincas
de los grandes terratenientes y sus luchas
ganan todos los días las simpatías y el
apoyo de las otras clases y estamentos
antiimperialistas y democráticos de la
nación. En el gran caudal de la rebeldía
popular sobresalen por su carácter
ampliamente masivo, su firmeza, su
beligerancia, su novedad y su iniciativa
creadora, los paros cívicos de las pequeñas
y grandes ciudades. En el último y más
importante de estos movimientos, el de
Bucaramanga, por ejemplo, cientos de miles
de personas se levantaron y pusieron en
jaque al gobierno durante ocho días, desde
los destacamentos organizados de la clase
obrera santandereana, que fueron en la
práctica los orientadores de la batalla,
hasta las amas de casa que salieron con sus
cilindros de gas vacíos a taponar las
calles. Y así por todas partes las masas no
menospreciaron oportunidad para exteriorizar
su descontento contra la carestía desatada,
el acaparamiento, la escasez, las alzas
periódicas de los precios de los artículos
de primera necesidad y de las tarifas de los
servicios públicos, el aumento a los
gravámenes a las ventas, los impuestos de
valorización y demás argucias que se
ingenian los prominentes estadistas
lacayunos del imperialismo para trasquilar
los miserables presupuestos familiares de
los sectores populares.
Bajo el gran
alud de huelgas, paros cívicos, marchas de
protesta, manifestaciones ilegales y luchas
varias, fertilizadas con la sangre de
centenares de combatientes populares
vilmente asesinados, ha quedado sepultado el
único deseo insatisfecho del lopismo: "El
cambio que hemos prometido queremos
adelantarlo en medio de la calma política
y el consenso". El pecado fue de
ingenuidad. Cuando el 21 de abril de 1974 se
eligió por primera vez en 16 años un
presidente que no era producto de la norma
constitucional de la alternación, quedó
realizado el cambio que este gobierno podría
cumplir en relación con los anteriores del
Frente Nacional, porque en las gavetas de
San Carlos le aguardaban para el trámite de
rigor los decretos frentenacionalistas que
los predecesores de López Michelsen no
alcanzaron, no pudieron, o simplemente no
quisieron poner en vigencia. Por ahí,
precisamente por ahí, debía empezar su
gestión transformadora el "mandato claro",
al día siguiente de la posesión. Tan pronto
la mayoría del pueblo colombiano descubrió
la engañifa, notificó a través de vibrantes
mensajes callejeros que sí habría "consenso
nacional”, pero de repudio y condena a la
estrategia oligárquica proimperialista del
régimen, así fuese al precio de desafiar las
furias exacerbadas del continuismo y de
romper la “calma política" que éste
ilusionaba preservar. En medio de la
intranquilidad, la conmoción, la piedra y el
desorden, la buena estrella del lopismo
comenzó a descender, sin haber cubierto
siquiera la mitad de la jornada. Y sobre su
cabeza aturdida aletean ya los primeros
pleitos de la disputa anticipada de la
sucesión presidencial, de las
contradicciones surgidas en el seno de la
coalición bipartidista y de la partición por
tres de su Partido Liberal.
Con ese gran
telón de fondo de la crisis económica, de la
descomposición social y de la bancarrota del
"mandato claro" se van a celebrar las
elecciones de 1976. Esta batalla para las
fuerzas revolucionarias se llevará a cabo en
circunstancias verdaderamente favorables, en
comparación a las de 1974. En aquel
entonces, tras la emulación por la conquista
de la Presidencia, los liberales y
conservadores unidos en lo esencial,
atizaban los sentimientos sectarios del
bipartidismo tradicional y fomentaban las
esperanzas de reformas "pacíficas" y
"legales" a un pueblo que llegaba
desesperado con cuatro cuatrienios del
Frente Nacional a sus espaldas; y en
especial el liberalismo que, después de
continuas escaramuzas intestinas, se
encontró de improviso agolpado alrededor de
un candidato con historial disidente, como
para mostrar, y que disertaba no sólo sobre
su linaje presidenciable sino sobre sus
hazañas del MRL. En 1974 la oligarquía logró
pasar a la ofensiva. Hoy el lopismo se bate
en retirada. Le ha tocado iniciar la
prematura defensa de su obra de gobierno y
explicar por qué no dan o no darán frutos
positivos la reforma tributaria, la
"estabilización", los correctivos contra el
alto costo de la vida. A lo que se agregan
las divisiones y subdivisiones del Partido
Liberal, acéfalo de una directiva o un
caudillo con autoridad que impida su
disgregación, y cuyos grupos y matices,
alucinados todavía con los tres millones de
votos de 1974, se arrebatan el botín
electoral, parados sobre un barril de
pólvora.
Desde este
ángulo la situación es favorable y las
fuerzas revolucionarias están en condiciones
de tomar la iniciativa por lo menos en un
punto clave: la denuncia beligerante del
"mandato de hambre", con todo lo que éste ha
simbolizado como genuina expresión de la
política antinacional, antipopular y
antidemocrática de la alianza
burgués-terrateniente proimperialista. Desde
luego las fuerzas revolucionarias, y
particularmente el MOIR, no deben perder de
vista el hecho de que en este tipo de
debates, manipulados por las clases
dominantes, éstas seguirán contando con el
monopolio sobre los principales medios de
difusión y con el poder determinante del
Estado para nombrar los funcionarios que
organizan los comicios, los vigilan y
cuentan los votos, lo cual les proporciona
la ventaja decisiva. No obstante,
aprovechemos al máximo el debate electoral,
empezando por el mismo desenmascaramiento de
la farsa democratera, de las elecciones
convocadas por el sistema, como lo hicimos
antes, pero aprovechémoslo sobre todo para
expandirnos, para vincularnos estrechamente
a nuevos y más amplios sectores de masas,
sin excluir a los menos avanzados, con el
objeto de difundir nuestro programa
revolucionario, consolidar nuestra fuerza y
prepararnos para las luchas que nos deparará
la aplicación de la línea acertada de
nuestro Partido.
GRANDES
EXPERIENCIAS
Y
CONSIDERABLE AVANCE
Con las
elecciones que se avecinan el MOIR participa
por tercera vez consecutiva en una campaña
electoral, en un lapso apenas de cuatro
años. Durante este breve período se han
sucedido cambios que podemos calificar de
trascendentales y altamente positivos en el
horizonte político de nuestro Partido. En
1972, cuando tomamos la determinación de
abandonar la posición infantil
abstencionista, nos lanzamos a librar un
tipo de lucha que desconocíamos por completo
y dentro de unas circunstancias de extrema
debilidad, cercados como nos hallábamos no
sólo por las fuerzas de la alianza
bipartidista gobernante, sino por la ANAPO y
el Partido Comunista que interpretaron
nuestra decisión de ir a las elecciones cual
una declaratoria de guerra y como si
presintieran en nuestra organización
partidaria un insospechado peligro para sus
planes futuros. A estos embates se sumó el
enjambre de grupos de la pequeña burguesía
intelectual que no nos perdonaban la
condenación radical, de principios, que con
nuestra autocrítica y nuestra conducta
hacíamos del abstencionismo. En aquella
ocasión llevamos a la práctica una línea de
alianza con un reducido sector desmembrado
del rojismo y con pequeñas agrupaciones
locales en algunos departamentos. Los
resultados fueron a pesar de todo
satisfactorios. Aunque no alcanzamos
posiciones relevantes en asambleas ni
concejos, para los cuales se votó en 1972,
salvo en uno que otro municipio apartado y
que no pasaron de una docena, el MOIR sacó a
limpio dos trabajos de significación: el
uno, haber logrado extenderse a casi todo el
país, exceptuando tres o cuatro
departamentos y los territorios nacionales,
y el otro, vincularse a ciertos frentes de
masas de obreros y de campesinos a los
cuales hasta entonces no había tenido forma
de llegar. En todo caso empezamos a romper
el cerco político en que nos encontrábamos.
Para las
elecciones de 1974, después de un análisis
de los cambios presentados en la situación y
evaluando correctamente tanto la
contraofensiva de la coalición
liberal-conservadora que se veía venir para
el debate de aquel año, como el hecho de que
se trataba de una campaña presidencial en la
que además se "elegirían" no sólo diputados
y concejales sino representantes y
senadores, nuestro Partido planteó la
necesidad de la consigna de la construcción
de un frente electoral de izquierda. El
frente lo constituimos con una fracción
disidente de la Alianza Nacional Popular, el
Partido Comunista y varias agrupaciones
políticas de provincia, bajo la denominación
de Unión Nacional de Oposición. Esta batalla
terminó en una victoria relativamente
importante si se tiene en cuenta la adversa
y desproporcionada correlación de fuerzas
que mediaba entre la UNO y los partidos
tradicionales. El MOIR, por su parte, avanzó
considerablemente en su propósito de
extenderse y vincularse a las más amplias
masas populares y obtuvo varias curules en
las corporaciones públicas, incluyendo una
principalía en la Cámara de Representantes y
en cada uno de los concejos de las ciudades
capitales de Bogotá, Medellín, Bucaramanga,
Pereira y Pasto.
No obstante
el número diminuto de puestos ganados en
dichas corporaciones, a partir de ese
momento al MOIR se le abría otra trinchera
en una actividad que le era igualmente
ajena: la acción parlamentaria en el
Congreso Nacional, en asambleas y concejos.
La orientación básica consistió en convertir
las posiciones adquiridas en tribunas de
denuncia de todas las fechorías y vilezas
que las clases dominantes perpetran contra
el pueblo, prevalidas de su despótico Poder.
Muy lejos de proporcionarse con cabildeos o
tejemanejes el visto bueno y la bendición de
las mayorías parlamentarias oficialistas, a
nuestros camaradas, en ínfima minoría a
veces de uno contra todos, les correspondió
en aquellas instituciones iniciar el
desenmascaramiento del fiasco histórico del
continuismo, chocando incluso con personeros
de la oposición y los aliados de la UNO que
guardaban recónditas y no disimuladas
esperanzas en algunos aspectos
"progresistas’ del "mandato claro". El
estilo revolucionario de la acción
parlamentaria del MOIR le permitió apoyar
las luchas del pueblo en pequeñas y grandes
ciudades y ponerse a la vanguardia de muchas
de ellas de manera oportuna y eficaz. El
crecimiento de nuestro Partido, su extensión
a nivel nacional, su vinculación progresiva
a las masas y sus avances ideológico y
político, durante este último período, se
deben primordialmente al acierto con que
supo resolver la utilización de la lucha
electoral y la acción parlamentaria. En
cierta forma y en relación con los máximos
objetivos revolucionarios que perseguimos,
la decisión táctica de ir a las elecciones
aparecía en 1972 como un gran retroceso.
Pero descubrimos algo de enorme valía: el
partido de la revolución habrá de ponerse en
todo momento a tono con la revolución.
Siempre impulsando, rompiendo brecha,
señalando el rumbo: nunca a remolque de ella
convertidos en lastres de la lucha de
nuestro pueblo, ni demasiado adelante como
para que las masas no nos identifiquen, ni
nos comprendan, ni nos sigan.
La
participación del MOIR en la lucha electoral
se ha caracterizado por las alianzas que
concertó tanto en 1972 como en 1974, con
agrupaciones políticas de envergadura
nacional y regional. En ambas oportunidades
integramos con nuestros aliados frentes con
dirección compartida y programa común.
Siguiendo una línea leninista de principio
de ir a las elecciones para abrirle paso a
nuestro programa, y no al contrario, de
hacer un programa para abrirle paso a
nuestra participación electoral, los puntos
programáticos acordados fueron
invariablemente en lo fundamental los de las
reivindicaciones económicas y políticas de
la revolución de nueva democracia, una
revolución nacional y democrática contra el
imperialismo norteamericano y sus lacayos
colombianos, la gran burguesía y los grandes
terratenientes, realizada por la alianza de
todas las clases revolucionarias y dirigida
por el proletariado. La práctica demostró la
justeza de formalizar tales frentes
alrededor de una orientación revolucionaria.
En condiciones de enorme dificultad
conseguimos cumplir con las metas
proyectadas, concentramos el ataque en los
enemigos principales, ganamos amigos,
neutralizamos a fuerzas intermedias y
especialmente propagamos la idea de la
urgencia estratégica de la construcción del
frente único antimperialista, la cual es
acogida cada día con mayor entusiasmo por
las masas y las organizaciones de avanzada.
¿En la
campaña electoral de 1976 qué posibilidades
hay para la aplicación de nuestra línea
unitaria y creación de un frente como lo
hicimos en el inmediato pasado? Antes de
responder a esta pregunta es preciso señalar
las particularidades más demostrativas de la
situación política actual.
En primer
lugar, la coalición liberal-conservadora
gobernante afronta múltiples aprietos,
debido al fracaso del "mandato claro". López
Michelsen ha empezado su defensiva política
y, por ende, recurre a la represión violenta
para sobreaguar en el temporal, lo cual le
merma visiblemente iniciativa en esta
campaña electoral que, quiéranlo o no los
partidos tradicionales, girará en un sentido
u otro en torno a la obra de gobierno del
continuismo. En el bando opuesto, el MOIR
salió por completo del cerco político
tendido a principios del período anterior
por las más variadas fuerzas enemigas,
triplicó sus efectivos, consolidó la
cohesión, la unidad, la disciplina y la
eficacia de sus filas y se encuentra en
capacidad de realizar su debate electoral en
todo el país, incluyendo algunos territorios
nacionales. No tenemos pues, como en 1974,
la disyuntiva apremiante de que o
constituíamos un frente electoral de
izquierda o no podíamos garantizar ningún
éxito en las elecciones. Sin embargo, desde
el punto de vista general de las grandes
necesidades que encara la revolución
colombiana y de la probabilidad de
propinarle una contundente derrota a la
reacción, nuestras fuerzas continúan siendo
débiles y un frente revolucionario, ahora,
acrecentaría notablemente nuestras
perspectivas halagüeñas.
En segundo
lugar, el Partido Comunista se negó
rotundamente a discutir los problemas y
contradicciones surgidos en la UNO y que
tuvieron como expresiones más
características el paso de la mayoría de
parlamentarios del MAC al movimiento pro
candidatura presidencial de Carlos Lleras
Restrepo, y la ruptura de relaciones entre
dicho partido y el MOIR. Nuestra dirección
envió al Comité Ejecutivo del Partido
Comunista una carta abierta en la cual
precisaba los puntos materia de las
discrepancias aparecidas en el seno de la
UNO y fijaba sus criterios con el
llamamiento a que se examinaran y
controvirtieran seriamente, dentro del ánimo
de buscar acuerdos. Las consideraciones del
MOIR al respecto estaban encaminadas a que
se adoptase una posición diáfana, sin
trastiendas, contra el "mandato claro",
empezando por el papel político de su
principal animador, el presidente López
Michelsen, y a que en la UNO se respetasen
las normas orgánicas de funcionamiento
aprobadas y basadas en una dirección
compartida y democrática. Expusimos nuestros
planteamientos públicamente, porque
públicamente se venía achacando al MOIR la
parálisis de la UNO. En esto el Partido
Comunista hace el matachín y después se
asusta. Luego de atacar de manera
sistemática al MOIR y de acusarlo de los
contratiempos de la alianza, a través de
"Voz Proletaria", cada ocho días, durante
cuatro o cinco meses, con entregas y
suspensos de "novelón", la dirección de
aquel partido resuelve, sobre la respuesta
nuestra, decir: no más "discusión
estéril y bizantina".[15] Llega
incluso a prohibirle a sus militantes la
compra de "TRIBUNA ROJA", con el objeto de
que no se enteren de nuestros argumentos y
sectariza la situación apelando a la
desfiguración de las desavenencias que a su
turno se dieron en el desarrollo de la
política de unidad del movimiento sindical
independiente y acusando al MOIR de querer
"despresar" a la CSTC. Todo se reduce a un
sofisma de distracción. Sobre la CSTC el
MOIR en ningún momento se ha trazado el
objetivo de despedazarla, entre otras cosas
porque las contradicciones con el Partido
Comunista no nos producen el efecto negativo
de hacernos perder el sentido de las
proporciones ni la orientación de nuestras
luchas. Sencillamente, tras la violación de
los acuerdos unitarios en el movimiento
obrero, nos propusimos la meta limitada de
sacar de la CSTC las organizaciones
sindicales que afiliamos o contribuimos a
afiliar, seguros de que éstas, rescatando su
independencia ante la situación creada,
podrán luchar en mejores condiciones por la
política de unidad sindical, refrendada en
los encuentros de 1972 y 1973 y en el
Encuentro Nacional Obrero del 12 de octubre
de 1973. A fin de cuentas, lo que buscaba el
Partido Comunista era transformar a la UNO
en un apéndice suyo. El MOIR ha sostenido
inequívocamente que la Unión Nacional de
Oposición como frente de fuerzas aliadas
sólo tiene destino dentro de la revolución
en la medida que sus movimientos integrantes
se guíen por la línea unitaria del respeto y
acatamiento consecuente a los compromisos
revolucionarios pactados antes y después del
21 de abril de 1974.
En tercer
lugar, la Alianza Nacional Popular apura su
proceso de desmoronamiento iniciado el 20 de
abril de 1970 y por ningún lado presenta
indicios de mejoría. Su dirección nacional
persiste en su política básica de
conciliación con la explotación y opresión
del imperialismo norteamericano sobre
Colombia y, por lo tanto, de rechazar
cualquier eventualidad de entendimiento con
las fuerzas revolucionarias. Las disensiones
internas de la ANAPO son cada vez más hondas
y más frecuentes. Recientemente el sector de
izquierda, en franca rebeldía con su Comité
Ejecutivo, produjo un documento en el que
reconoce la crisis del movimiento, enfatiza
una "posición antiimperialista,
antioligárquica y por la liberación
nacional" y alrededor de ella convida
al resto de organizaciones partidistas y de
masas a promover la "unidad del pueblo".[16] Tal
pronunciamiento choca abiertamente con las
concepciones oficiales del rojismo. Sin
embargo, la izquierda anapista que se
distingue antes que nada por la vacilación,
oscila entre dos grandes temores: o
enterrarse con su general o quedarse sola
fuera de su tumba. Pero el campanazo
instigando a la insubordinación sacó del
sopor a más de un dirigente medio de ANAPO a
quien por nada en el mundo lograrán ya
persuadir de que la política correcta sea la
de la conciliación con las clases dominantes
y la de la negativa a la unidad de todas las
fuerzas antiimperialistas y
antioligárquicas.
En cuarto
lugar, una serie de agrupaciones políticas
de izquierda que venían practicando el culto
al abstencionismo, decidió apostrofarlo y
someterse al bautizo de fuego de la prueba
electoral. La mayoría de estas
organizaciones con uno u otro argumento ha
expresado la conveniencia de facilitar
acuerdos para las elecciones que se
aproximan. El MOIR considera oportunas y
positivas tales determinaciones, no obstante
comprender a cabalidad que las perspectivas
de cualquier compromiso electoral estarán
supeditadas principalmente a la
disponibilidad de un entendimiento en
cuestiones programáticas.
Concluida
esta pequeña síntesis de la situación
política reinante, se colige que, a tiempo
que ha ganado terreno la conciencia de la
necesidad de la construcción de un amplio
frente antiimperialista, persisten aún
factores adversos para su cristalización,
preferencialmente de correlación de fuerzas,
los cuales en la actualidad escapan por
completo a nuestra voluntad. Por el
contrario, los fenómenos de que el Partido
Comunista ya hizo sus apuestas a la carta de
una UNO de bolsillo y de que el ala de
izquierda de ANAPO en su indecisión continúe
deshojando margaritas, así como las
diferencias programáticas de fondo con la
mayoría de organizaciones que por primera
vez concurren a la brega electoral, nos
están indicando cómo la tendencia
predominante parece ser la de que en estas
elecciones todos "nos vamos a contar",
empezando por el presidente de la República,
con su fracción liberal de antiguos amigos
del MRL.
PROPUESTA
DEL MOIR A LAS FUERZAS REVOLUCIONARIAS Y AL
PUEBLO
¿En esas
condiciones el MOIR debe propugnar o no la
creación de un frente unido revolucionario?
No dudamos en responder que sí. La campaña
electoral ha de servir para agitar nuestra
política unitaria por la alianza de todas
las clases y organizaciones
antiimperialistas, pero agitarla en
concreto, con unas propuestas definidas que
correspondan al momento revolucionario que
vivimos y al margen de las cábalas que
podamos hacernos sobre el posible desenlace
de la situación. De una parte, nuestro
Partido viene trabajando o intercambiando
opiniones con organizaciones y dirigentes
políticos, con quienes tenemos afinidades de
concepción y de programa. Con estas fuerzas
de todos modos concertaremos los acuerdos
pertinentes para la lucha electoral
conjunta, tanto en municipios y
departamentos, como a nivel nacional si
fuere necesario. Por otra parte, debemos
atender las invitaciones que nos formulen
los demás movimientos a discutir la
posibilidad de las alianzas, hasta agotar
pacientemente todos los medios para
propiciar el entendimiento. Y finalmente, el
MOIR tiene la responsabilidad de buscar la
mejor salida para la revolución no sólo en
la campaña electoral de 1976, sino en
preocuparse también por presentar soluciones
en relación a todo el período que se abre y
necesariamente se empatará con las virtuales
elecciones de 1978.
Por todas
estas razones sometemos a la consideración
de las fuerzas revolucionarias y del pueblo
colombiano en general los siguientes puntos
unitarios, alrededor de los cuales
adelantaremos nuestra campaña electoral y
seguiremos luchando después de las
elecciones:
1.
Constitución de un frente unido
revolucionario, integrado por todas las
fuerzas políticas, gremiales y religiosas
que se comprometan a respaldar y luchar por
un programa nacional y democrático y a
someterse a unas normas mínimas democráticas
de organización y funcionamiento.
2. El
programa nacional y democrático debe
responder e interpretar las inquietudes y
reivindicaciones fundamentales del pueblo y
la nación colombiana en la presente etapa de
la revolución. Por lo tanto dicho programa
ha de contemplar:
a) La conquista de la liberación nacional
del yugo del imperialismo norteamericano y
la construcción de una república
independiente y libre de toda presión y
sojuzgación externa, autónoma, soberana,
popular, democrática y en marcha al
socialismo.
b) La instauración como triunfo de la
revolución colombiana de un Estado de unidad
nacional conformado por las clases, capas,
sectores, personalidades y demás fuerzas
revolucionarias, democráticas y patrióticas,
basado en la alianza obrero-campesina y bajo
la dirección de la clase obrera.
c) La confiscación y nacionalización de los
monopolios extranjeros y colombianos que en
el territorio patrio explotan económicamente
y oprimen la vida de las masas populares.
d) La confiscación de la tierra de los
grandes terratenientes y su reparto entre
los campesinos que la trabajan.
e) El logro y garantía de los derechos
democráticos esenciales para el pueblo
colombiano, verbigracia: de organización,
expresión y movilización de las clases
revolucionarias; de huelga para la clase
obrera; de libertad de cultos; de igualdad
de sexos, y razas; de protección de la niñez
y de la vejez.
f) El apoyo a las luchas del pueblo
colombiano por sus reivindicaciones
económicas y políticas y de las minorías
indígenas nacionales por sus tierras,
costumbres y creencias.
g) El respaldo y protección a los pequeños y
medianos industriales y comerciantes y demás
sectores que contribuyen al desarrollo de la
producción nacional.
h) La estrecha colaboración con los
educadores, estudiantes, intelectuales,
escritores y artistas que combaten por la
creación y consolidación de una cultura
nacional y científica al servicio de las
grandes masas.
i) El apoyo a los movimientos de liberación
nacional de Asia, Africa y América Latina, a
los países socialistas, al movimiento obrero
internacional y a los movimientos
revolucionarios de todos los países.
3. El programa nacional y democrático estará
basado en el principio supremo de propiciar
la alianza de todas las clases, capas y
fuerzas revolucionarias colombianas en el
más amplio frente de lucha antiimperialista.
4. Las
fuerzas integrantes del frente unido
revolucionario aplicarán y defenderán el
programa nacional y democrático en una lucha
consecuente contra el régimen oligárquico
liberal-conservador, cuya cabeza visible es
ahora el presidente Alfonso López Michelsen.
5. La acción
parlamentaria en las corporaciones públicas
por parte de las fuerzas integrantes del
frente unido revolucionario se guiará por el
programa nacional y democrático y promoverá
la lucha consecuente contra el régimen
oligárquico.
6. Las
normas mínimas de organización y
funcionamiento del frente unido
revolucionario estarán basadas en los
siguientes principios democráticos:
a) La dirección del frente a distinto nivel
se estructurará con representación de todos
los partidos y organizaciones integrantes en
pie de igualdad.
b) Las decisiones se tomarán por unanimidad,
previa consulta y discusión democrática.
c) Se auspiciará constantemente la
coordinación y cooperación de todas las
fuerzas integrantes en las luchas que se
libren en pro de la causa revolucionaria.
d) Se respetará la independencia ideológica
y organizativa de las fuerzas integrantes
del frente, entendiendo por tal que ningún
partido se inmiscuirá en los asuntos
internos de otro, ni lo infiltrará con
cuadros de doble militancia, ni le sustraerá
sus efectivos.
e) Las contradicciones internas del frente
se resolverán mediante el método de
unidad-crítica-unidad.
f) Se permitirá la participación dentro del
frente de todas las fuerzas políticas, sin
excepción alguna, siempre y cuando estén
dispuestas a respaldar el programa y a
someterse disciplinadamente a las normas
mínimas de organización y funcionamiento.
7. La lucha
electoral habrá de ser adelantada conjunta y
coordinadamente a través del frente unido
revolucionario, para lo cual se agitará el
programa nacional y democrático acordado.
Las listas a las corporaciones públicas
serán únicas al nivel respectivo, y para su
elaboración se tendrá en cuenta el criterio
de garantizar al máximo la preservación de
las posiciones que en las mencionadas
corporaciones mantengan los diversos
partidos integrantes.
8. En las
elecciones previstas para 1978 se designará
un candidato presidencial del frente unido
revolucionario, mediante el procedimiento
democrático de que las distintas fuerzas
integrantes presentarán precandidatos a su
asamblea nacional, para que ésta ratifique
el nombre que haya logrado el respaldo
unánime.
9. El frente
unido revolucionario impartirá durante la
campaña electoral, y con su acción en las
corporaciones públicas, una especial
educación a las masas sobre el verdadero
papel reaccionario y antipopular de las
instituciones parlamentarias del régimen
neocolonial y semifeudal de Colombia.
Igualmente combatirá la ilusión de que los
grandes problemas de la revolución
colombiana, y entre ellos la cuestión de la
toma del Poder por el pueblo, puedan
encontrar una salida adecuada con el
hipotético triunfo de un candidato
presidencial de izquierda. Si participamos
en la lucha electoral y parlamentaria es
para avanzar en la preparación de las
condiciones subjetivas de organización y
conciencia de las masas populares para
destruir el Estado opresor de las
oligarquías vendepatrias y en su lugar
erigir un Estado democrático-popular, con
sus propias instituciones representativas y
auténticamente democráticas, que desbroce el
camino hacia el socialismo.
10. El
acuerdo alrededor de estos puntos se deberá
conseguir con el intercambio multilateral de
opiniones entre las fuerzas políticas
interesadas. Cumplido este paso se procederá
de común acuerdo a convocar una reunión
nacional de todos los partidos y
organizaciones comprometidos en la alianza,
la cual refrendará públicamente los
postulados unitarios y dará fundación al
frente unido revolucionario.
Camaradas:
La situación
es excelente para conquistar nuevas y más
significativas victorias. Acojamos el
trabajo político con entusiasmo, ahínco y
espíritu de sacrificio. Vinculémonos
estrechamente a las masas y pongámonos al
frente de sus luchas. Concentremos el ataque
en la coalición liberal-conservadora
gobernante y combatamos con energía el
sectarismo en las relaciones con las fuerzas
aliadas y en la controversia con las
corrientes políticas intermedias. Todos los
recursos del Partido a la batalla electoral
y que retumbe por los ámbitos de Colombia el
grito de pelea de Jorge Eliécer Gaitán: ¡A
la carga!, ¡A la carga contra el "mandato de
hambre"!
Bogotá,
diciembre de 1975
NOTAS
1.
Alfonso López Michelsen. "Radiografía de
una situación y plan de estabilización".
Discurso ante la "comisión tripartita", 14
de septiembre de 1974. Ediciones del Banco
de la República, 1974, pág. 33.
2. Ídem, pág. 9.
3. Alfonso López Michelsen. Discurso ante
Diriventas, Barranquilla, enero de 1973.
"Un mandato claro". Canal Ramírez -
Antares, Bogotá, enero de 1974, págs. 132
y 133.
4. Del discurso citado de López en la
"comisión tripartita” pág. 29.
5. Ídem, pág. 27.
6. Ídem, pág. 30.
7. "Para cerrar la brecha. Plan de
desarrollo social, económico y regional
1975-1978". Departamento Nacional de
Planeación. Ediciones del Banco de la
República, 1975, pág. 70.
8. "El Siglo", febrero 21 de 1975.
9. Ídem.
10. Carta de Alfonso López Michelsen al
concejal de Bogotá, César Castro Perdomo.
"El Tiempo", diciembre 2 de 1975.
11. "El Espectador” enero 23 de 1975.
12. "El Tiempo", enero 29 de 1975.
13. "El Tiempo", septiembre 26 de 1975.
14. "Secuestros", Alberto Lleras. Tomado
de "Visión". "El Tiempo", septiembre 21 de
1975.
15. "Voz Proletaria” septiembre 18 de
1975, pág. 5.
16. "Mensaje al pueblo anapista".
Documento firmado por los parlamentarios
Jaime Piedrahita Cardona, Orlando Durango
Hernández, José Roberto Vélez Arroyave,
Jaime Jaramillo Panesso, Rafael Giraldo
Monsalve, Julio César Pernía, Humberto
Ramírez Gutiérrez, Carlos Toledo Plata y
José Cortés. "El Espectador” noviembre 29
de 1975.
Informe
Político del Comité Ejecutivo Central a la
III Conferencia Nacional del MOIR sobre
Participación en la Lucha Electoral,
realizada el 15 de diciembre de 1975.
Tomado de TRIBUNA ROJA, No. 18, primera
quincena de febrero de 1976.
