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A
Manera de Mensaje de Año Nuevo (*)
El
personaje colombiano de 1988, por así
decirlo, fue indudablemente la violencia. Y
repite, porque también tuvo primerísima
distinción en 1987, 1986 y 1985. La seriedad
del asunto estriba en que nos hallamos, no
ante un fenómeno cualquiera, sino frente a
la implantación en las lides políticas de
los bárbaros métodos de la extorsión y el
crimen. Dentro de las múltiples causas de la
incontenible mortandad, enumeradas durante
este largo tiempo por sociólogos y
comentaristas de distinto jaez, sin excluir
la gratuita impugnación al carácter
supuestamente perverso de los colombianos,
poca importancia se le ha atribuido al
principal factor: el ruinoso legado de la
estrategia apaciguadora de Belisario
Betancur. Sorprende la "amnesia" colectiva,
sobre la cual divagaba no hace mucho otro de
nuestro expresidentes.
Luego
de la toma del Palacio de Justicia por parte
del M-19, que concluyó segando la vida de la
mitad de la Corte, en cualquier país
medianamente culto se habría procedido, ante
lo trágico y nocivo de los acontecimientos,
a una rectificación de fondo. Pero no. Al
mes siguiente de los luctuosos episodios, el
propio mandatario, en entrevista a Le Nouvel
Observateur que reprodujo El Tiempo de
Bogotá, orondamente reiteró no haber
"cerrado las puertras al diálogo" dentro del
"proceso de paz en que nos hallamos
empeñados". Con el agravante de que en dicho
reportaje aceptaba que a la hora del día del
asalto "había cita" con el propósito de
barajar acuerdos. En otras palabras, los
terroristas desprevinieron al jefe del
Estado mientras preparaban la temeraria
ocupacin. De momento no queremos extendernos
sobre algo que pasí inadvertido pero que se
dijo. Una confesión de cuyas verdaderas
implicaciones nadie se hañocupado pero que
bien hubiera merecido una investigación, en
lugar de la retórica denuncia ante la Cámara
del exprocurador Jiménez Gómez en torno a
las vicisitudes del operativo militar,
puesto que concierne a la forma como se
cumple con los deberes constitucionales de
salvaguardar la seguridad pública inherentes
al ejercicio del cargo presidencial. Apenas
si lo tomamos cual punto de referencia,
ahora, cuando las figuras estelares del
cuatrienio anterior, los doctores Betancur y
Pastrana, conmovieron a su audiencia al
demandar, en comunicado conjunto del nueve
de los corrientes, las "aproximaciones
necesarias? entre el gobierno y la
Coordinadora Guerrillera, con el sofisma de
que los frentes de las Farc una vez más
"cesaron unilateralmente fuegos".
No
se trata, pues de ingenuas tolerancias.
Además, la ingenuidad reiterativa se
convierte en complicidad. Estamos ante una
estratagema meditada y tejida con
antelación, merced a la cual segmentos de la
clase dominante, primordialmente el ala
mayoritaria del Partido Social Conservador y
algunos liberales ávidos, han comenzado su
fragoso ascenso hacia el pleno poder
buscando reeditar la triste crúnica de la
paz belisariana. Se pretende empeñar la
tranquilidad del pueblo por otros cuantos
años más a cambio de una irrefrenable
ambición. Y se hace conscientemente, ya que
ningún colombiano ignora el costoso
desencanto de una pacificación que lo ensayó
todo o casi todo, menos la desmovilización
de los grupos insurrectos.
Los
resultados están a la vista. Nunca hubo tal
afloración de delitos en nuestras tierras
como en la actualidad; pero tampoco jamás se
había admitido el proselitismo armado, con
lo que se puso en desventaja a las
colectividades desprovistas de instrumentos
bélicos y se quebrantó la igualdad de los
ciudadanos frente a la ley, ese postulado
básico de la organización republicana. Tal
deterioro de las costumbres políticas, fuera
de lesionar directamente a las masas
irredentas y en especial al movimiento
obrero, se ha tornado en otra de las
protuberantes trabas al desarrollo nacional.
Suprimir tan enorme perturbación representa
una labor prioritaria del futuro inmediato.
Para ello se precisa de por lo menos las
siguientes condiciones: rechazo a los
intentos de revivir el viejo pacifismo
fracasado; apoyo a los sectores que han
tenido que adelantar sus quehaceres
habituales bajo las exacciones continuas de
la coacción autorizada, y establecimiento de
unas explícitas reglas de juego democráticas
de obligatoriañobservancia para todos
los.partidos.
Creemos
que el plan de paz de la administración
Barco, de esgrimirse tal cual ha sido
esbozado, contribuirá a estos anhelos y por
tanto debe respaldarse. De cualquier modo,
que no haya más treguas indefinidas, más
diálogos estáriles ni más pactos
altisonantes, mientras la nación entera se
debilita, se desangra y se corrompe.
EL
PROBLEMA SOCIAL NO DETERMINA LA INSURRECCION
Desde
finales de la década del cincuenta los
anarquistas criollos vienen imputando sus
frustradas rebeliones a las agudas
diferencias económicas que prevalecen en la
sociedad. El argumento suena muy sabio; sin
embargo, resulta profundamente falso. En
cualquier época y lugar, al margen de cuán
extremada sea la miseria de las gentes, el
requisito indispensable de cualquier guerra
civil del modelo que entre nosotros se
pregona consiste en el concurso eficaz de la
población. Y en Colombia, por lo menos desde
el surgimiento del Frente Nacional, el
pueblo se ha mostrado apático a la solución
violenta. Seguir justificando las aventuras
terroristas con los desajustes sociales,
como suelen hacerlo los políticos astutos y
los clérigos piadosos, significa simplemente
que nunca habrá "paz", pues las
transformaciones históricas no se coronan en
un santiamén ni brotarán de los arreglos de
tregua. Los insurgentes continúan
supeditando cualquier compromiso verdadero
con el régimen a un entendimiento previo
sobre los proyectos de desarrollo, el
reparto de la riqueza y aun la inclusión en
la nómina oficial. A los colombianos les
consta que bajo semejantes premisas la
llevada y traída reconciliación no deja de
ser una entelequia, cuando no un engaño.
Como
la acción guerrillera está de espaldas a la
realidad, sus auspiciadores se han dado
progresivamente licencias que riñen con los
procederes revolucionarios. El sostenimiento
de las huestes errantes se vuelve la
preocupación más imperiosa. Los diversos
comandos, en una forma u otra, han aceptado
ejercer el secuestro, y el país lo sabe.
Cuando caen de improviso sobre uno de esos,
municipios olvidados de Colombia van
infaliblemente tras los fondos de las
pequeñas oficinas de la Caja Agraria. En el
último período han enfilado sus iras contra
los medios productivos, destruyendo
fábricas, tumbando torres de energía,
inutilizando dragas, prendiendo galpones o
volando oleoductos. Presionan a los
campesinos de las regiones marginadas a
emprender marchas en solicitud de vías y de
puentes, y luego los dinamitan. Respecto a
las bregas políticas y gremiales, no
resisten la tentación de echar mano de los
medios coercitivos para dirimir las
controversias y precipitar las decisiones.
Los
adalides de esta tendencia han llegado a
tales límites que Jorge Carrillo, su
connotado socio dentro del campo sindical,
denunció en medio del desconcierto, tras el
fallido paro del 27 de octubre, que la
protesta "fue derrotada por la subversión y
el terrorismo"; atreviéndose incluso a
exigir que se rechace toda ayuda de la
guerrilla al sindicalismo" y "que la Cut no
se preste a campañas contra las Fuerzas
Armadas", un vuelco harto sustancial.
En
síntesis, las hazañerías de la extrema
izquierda nada tienen que ver con una
eclosion del descontento popular. Todo lo
contrario. Intentan sustituir la actuación
de las masas, pisotean los funcionamientos
democráticos, ferian la vida de propios y
extraños, alteran el desenvolvimiento
civilizado de la confrontación política y
dañan los bienes de utilidad pública. En su
corto desplazamiento hacia el Reino de la
Patria, José Antonio Galán deja sobre el
tema bellas lecciones, no sólo de
escrupuloso uso de las propiedades que
temporalmente incautó, sino de respeto a las
existencias de los enemigos que quedaban
inermes.
EL
EJERCITO TAMPOCO ES EL RESPONSABLE DEL
CONFLICTO
Las
otras tesis con que se sustenta la
congruencia del levantamiento armado, o la
tactica de "la combinación de todas las
formas de lucha", por lo común giran
alrededor del papel represivo de las Fuerzas
Armadas. Esta postura luce bastante radical
mas carece de fundamento. Después del
entreacto castrense, que dio fin a la
cruenta disputa entre liberales y
conservadores, el régimen vigente ha
avanzado por la senda de la democracia
representativa, con las obvias limitaciones
correspondientes a su índole de clase. Las
entidades encargadas del orden no han sido
ni más ni menos draconianas que lo
característico en una república burguesa de
tipo medio. No obstante mantenerse en la
práctica, el bipartidismo se ha ido
desmontando jurídicamente, así sea al estilo
colombiano, a cuentagotas, hoy un artículo,
mañana un inciso. Aquí las facciones
políticas no se han visto obligadas a
enmontarse con el objeto de eludir la espada
exterminadora del Estado. Sucede a la
inversa. A pesar de enmontarse sobreviven
bajo el manto de la legalidad.
Se
distorsionan innecesariamente las cosas
cuando se afirma que en Colombia, en las
últimas décadas, el llamado estamento civil
ha estado sujeto a la égida militar. Antes
bien, bajo el experimento del "sí se puede",
los caprichosos dictámenes del Ejecutivo
obstaculizaron de continuo el despliegue del
ejército, a la par que aumentaban con
inusitada rapidez los motivos de zozobra.
Durante la vigencia de la tregua más de un
general de la república ha salido
milagrosamente ileso de brutales atentados;
y a dos ministros de la defensa se les
decretó la baja, sin ningún, miramiento, por
pedir "pulso firme" ante la descomposición
reinante. Si el uniforme ha adquirido cada
vez mayor realce, ello obedece a los
prodigios de la pacificación dialogada. ¿Por
qué quejarnos entonces de que se les
entregue en custodia a los militares las
zonas maceradas por el genocidio y la
vindicta? ¿O que éstos adopten el cariz
deliberante que los cñnones les prohiben?
¿No llegamos a esa paradoja después de mucho
trámite, elucubración e incumplimiento? Un
inopinado desenlace que acabó
restringiéndole la libertad de opinar al
desprotegido en tanto se la prodiga a
quienes posean la protección suficiente para
sí y para otros.
El
surgimiento de los apodados grupos de
autodefensa constituye, sin más requilorios,
otra de las repercusiones nefandas de la
comedia de la "paz". Aparecieron después de
la amnistía y de la firma de los
armisticios, no antes. Encarnan una
respuesta a la "guerra", no la razón de
ésta. No son criaturas primigenias de las
tropas regulares, como inocentemente se
arguye. Tales desviaciones cuentan con un
soporte social muy definido, las incontables
víctimas de la "vacuna revolucionaria". La
instauración de la venganza cual macabro
expediente para resolver las contradicciones
políticas nos parece la peor purulencia de
los males que acongojan a Colombia. Sin
embargo, nos encontramos convencidos también
de que mientras no se despejen los
interrogantes que estamos planteando;
mientras no cesen las vivezas de las siglas
que burlan los códigos y a la vez desean
disfrutar de las franquicias de la
democracia; mientras no se asuma, una
actitud consecuente, diáfana, ante la
urgencia de que rijan, sin favoritismos y
conforme a derecho, las instancias
constitucionales, seguirá prevaleciendo la
temida justicia privada. Hasta Bernardo
Jaramillo Ossa, el locuaz presidente de la
UP, ha admitido que la muerte por cientos de
copartidarios suyos "tiene que ver con el
origen de la agrupación", "ligado al
movimiento guerrillero". Lo intuyen, mas le
echan la culpa total a las deficiencias del
sistema en materia de garantías
democráticas. No obstante, a la dirección
del Partido Comunista bien le valdría
recapacitar sobre estas conclusiones de uno
de sus miembros y corregir la línea, en
beneficio del país y de la militancia.
En
presencia del oscuro panorama, muchos de los
partidarios de los tejemanejes del
apaciguamiento han decidido enarbolar, con
ínfulas de grandes descubridores, los
antiguos enunciados del derecho de gentes.
Estimuladas ya las tentativas
insurreccionales tras la divulgación de toda
suerte de mentirosos criterios, ahora se
piensa darles legitimidad, subordinando las
medidas de control de la conmoción interior
a las laxas interpretaciones de los
convenios de Ginebra y corriendo los albures
de los nuevos percances que de ellos surjan.
Se propone no terminar la vandálica reyerta
sino humanizarla. Y lo ansían igualmente los
alzados en armas, inclusive reclamando la
utilización en tal sentido del articulo 121,
con miras a internacionalizar su pleito y
contener, de paso, a los cuerpos de
seguridad. ¿Que intervengan en los asuntos
internos nuestros cuanta asociación
fantasmal hayan creado en el mundo los
áulicos de Nicaragua, Cuba y la Unión
Soviética! Eso por un lado, y por el otro,
que el gobierno practique la "paz" aunque se
le imponga la "guerra"! No otra cosa han
entrabado las delegaciones extranjeras
invitadas por los organismos legales de la
guerrilla para que juzguen el traumático
acontecer del país. Olas exhortaciones a que
las autoridades resguarden a quienes, además
de incurrir en los denominados delitos
conexos a la rebelión, atacan vehementemente
a la fuerza pública. ¿En qué contienda civil
digna de su nombre el bando insurgente le
exige amparo al bando del orden, cual ocurre
en Colombia, sobre todo a raís de las
horrendas y repudiables masacres del año que
expira?
Miguel
Antonio Caro, el estilista de la supérstite
Constitución de 1886 afirmaba que "nada es
ciertamente tan anormal como la guerra". Ya
entonces, y aun desde antes, se reconocía
que la única talanquera del estado de
anormalidad radica en las vaguedades del
referido derecho de gentes porque el resto
de prerrogativas consagradas se suspende o
puede suspenderse en procura del retorno a
la tranquilidad ciudadana. De ahí que los
alegatos sobre los alcances de las normas de
excepción, o sobre el reconocimiento o no
del carácter beligerante de los sublevados,
se ventilen a costa de las masas expoliadas,
cuyas conquistas democráticas languidecen a
medida que se avivan las disquisiciones
exegéticas. Al pueblo trabajador, en
definitiva, muy poco le conviene reemplazar
las posibilidades del precepto escrito con
las artificiosas alteraciones y las ilusas
perspectivas de una revolución tramitada por
decreto.
LA
PRODUCCION NACIONAL NO HA CONTADO CON
EFECTIVO APOYO
La
creencia de que la lucha reivindicativa
requiere para su buen augurio del
aherrojamiento de los sectores productivos
de la ciudad y el campo es otro de los
extendidos equívocos que la nación está en
mora de dilucidar. El atraso y el. yugo
económico de los consorcios de las
metrópolis tradicionales hacen de las tareas
de la industrialización de Colombia un
desafío progresista y hasta heroico.
Bastantes comentarios ha merecido la
situación de la zona bananera de Urabá,
donde se lleva a cabo un encomiable esfuerzo
de desarrollo. Si allá se prescindiera de la
cooperación de los trabajadores, lógicamente
no habría nada; pero el tacto y el arrojo de
los inversionistas también han sido claves
para la obtención de metas tan tangibles
como la trasferencia a la balanza de pagos
de doscientos millones de dólares anuales
por concepto de exportaciones. En aquella
esquina del territorio patrio se ha librado
una recia batalla contra la dejación de los
gobiernos, la preponderancia de las
comercializadoras extranjeras y,
recientemente, contra los efectos mefíticos
de la violencia. Podríamos traer a cuento
muchos otros ejemplos elocuentes, en
particular el de los restantes cultivos
tecnificados, cuyos propugnadores, a punta
de sacrificios, le pulen poco a poco la
mustia faz al agro colombiano. Con todo, no
existe suficiente comprensión sobre la
trascendencia de tales consecuciones. Más de
un activista político cosecha aplausos entre
el electorado con sus improperios contra
industriales y agricultores. Los debates de
la última reforma agraria se dirigieron a
fustigar más a los empresarios encargados de
la modernización de las áreas rurales que a
quienes todavía personifican los remanentes
del feudalismo. La capa burguesa cuya
fortuna se deriva directamente del Estado o
de los favores de éste o que amasa su
riqueza por medio de las operaciones
especulativas, con frecuencia aspira a
soslayar sus privilegios arremetiendo contra
la capa burguesa ligada al engranaje
productivo. Y desde los tiempos de López
Michelsen los roces entre funcionarios y
gremios se han venido agudizando. Escollos
todos estos que se debieran allanarse a
través de un consenso que jalone el crecimiento material del país, sin el cual
ningún programa de rehabilitación tendrá
significado valedero. La prosperidad no será
factible con la supremacía de los menesteres
parasitarios sobre las acucias de la
producción, o con un manejo indebido de la
deuda externa, el déficit fiscal junto a sus
secuelas inflacionarias y los otros
parámetros fundamentales de la economía.
En
cuanto al proletariado, se halla muy ajeno a
cifrar su ventura en la destrucción de las
máquinas o en el asolamiento de las gentes.
El Sindicato de Mineros de Antioquia, con
sede en el municipio de El Bagre, por su
cuenta y riesgo acaba de disponer, "en
legítima defensa del sagrado derecho al
trabajo" la reparación de las torres que
suministran el fluido eléctrico a la empresa
y que fueron derribadas por la guerrilla.
Este primer precedente claro nos está
advirtiendo hasta qué punto los adelantos de
la lucha obrera llegan a conjugarse, dentro
de nuestras singulares circunstancias, con
la preservación y el fomento de las fuentes
de empleo.
El
cometido del MOIR reside actualmente en
recoger las reconfortantes enseñanzas que
dejan los despropósitos y los desafueros de
más de un lustro de historia colombiana. A
mediados de 1988 las disímiles banderías
coincidieron con nosotros en el llamamiento
a construir un frente único por la salvación
nacional. Lo curioso es que muchas de ellas
interpretaron la consigna como la
oportunidad de volver a las abortadas
maniobras del pasado, cuando, precisamente,
se barrunta la ocasión feliz para un
replanteamiento justo y valeroso, sobre el
cual seguimos insistiendo. ¿Acaso los nuevos
horizontes no han sido siempre el hallazgo
de las épocas de intranquilidad, no de los
Comité de calma?
Movimiento
Obrero Independiente y Revolucionario MOIR
Comité
Ejecutivo Central
Francisco
Mosquera
Secretario
General
Diciembre
30 de 1988
Notas:
(*)
Publicado en El Tiempo el 31 de Diciembre de
1988. |
